La Fiscalía abre diez causas para recabar información sobre la situación de las residencias en Andalucía

A nivel nacional, estas diligencias civiles abiertas se elevan a 126. Esta actuación se enmarca dentro de la labor tuitiva del Ministerio Fiscal en relación con el amparo de los derechos individuales y colectivos de las personas en situación de vulnerabilidad.

Estas diligencias civiles, abiertas en las Fiscalías Provinciales y las Fiscalías de las Comunidades Autónomas, tienen diversos objetos; de un lado, recopilar datos acerca de la situación en las que se encuentran las residencias y las personas alojadas en ellas, además de mantener el seguimiento de su evolución; de otro, resolver problemas puntuales que requieran la intervención o impulso propios de la labor protectora del Ministerio Fiscal en este ámbito.

También en el marco formal de las diligencias civiles, los fiscales han dado respuesta a las solicitudes cursadas por los responsables y trabajadores de los establecimientos, familiares de residentes y otros ciudadanos que han interesado el auxilio del Ministerio Fiscal.

Por lo que respecta a las diligencias civiles, constan 50 investigaciones sobre amparo de personas en situación de vulnerabilidad en Cataluña, 10 en Andalucía , 3 en Aragón, 2 en Canarias, 3 en Cantabria, 8 en Castilla-La Mancha, 15 en León, 9 en la Comunidad Valenciana, 7 en Extremadura, 11 en Galicia, 1 en La Rioja, 4 en Madrid, 1 en Murcia, 1 en Navarra y 1 en el País Vasco.

La semana pasada, el fiscal delegado de Personas Mayores en Sevilla , Norberto Sotomayor, explicaba a ABC que en Sevilla la Fiscalía tenía abierta una pieza general y nueve piezas separadas sobre las residencias de mayores donde se han registrado mayor incidencia del coronavirus y de fallecimientos como el centro Joaquín Rosillo de San Juan de Aznalfarache, DomusVi Santa Justa, Fundomar Los Bermejales, otra residencia de Lebrija o una de Arahal.

Los datos, actualizados a fecha de este lunes 20 de abril, son notablemente más elevados que los ofrecidos por esta misma institución el pasado viernes, cuando informó de que el número de diligencias penales en todo el país era de 38, un total de 19 en Madrid.

Fuentes de la Fiscalía atribuyen la diferencia a que no puede hablarse de una «foto fija» y adelantan que los datos pueden seguir variando según pasen los días, puesto que algunas diligencias son archivadas y otras dejan de contar para la Fiscalía al ser judicializadas.

Así ocurre con dos investigaciones penales de las que se informó el pasado viernes en dos residencias de Murcia y otro centro en Valencia , que han sido archivadas y no aparecen en el listado distribuido este martes.

Así, según el último recuento se investigan penalmente 40 residencias en Madrid, 1 residencia en Zaragoza; 1 en Arrecife-Puerto del Rosario; 7 en Castilla y León (1 por la Fiscalía Superior, 1 por la Fiscalía de Soria, 1 en Salamanca, 1 en León, y 3 en Valladolid); 20 en Cataluña (18 en Barcelona, 1 en Lleida y 1 en Tarragona); 5 en Extremadura (1 por la Fiscalía de la Comunidad, 2 por la Fiscalía de Cáceres y 2 por la de Badajoz); 5 en Galicia (1 por la Fiscalía de la Comunidad, 1 por la Fiscalía de Lugo, 2 por la de Orense y 1 por la de Pontevedra) y 1 en La Rioja.

Según la nota de prensa difundida por la Fiscalía General, desde el inicio de la actual situación de emergencia el fiscal delegado para la protección y defensa de los derechos de las personas mayores y la red de fiscales especialistas desplegados en las Fiscalías Provinciales han realizado un seguimiento permanente de la situación de las personas de la tercera edad y discapacitados, y particularmente, de quienes viven en centros y residencias de mayores.

En nuestro país existen aproximadamente unas 5.457 residencias, públicas y privadas, añade la nota . En el ejercicio de su función, la Fiscalía ha tratado de no entorpecer la primordial actividad socio-sanitaria de los diferentes establecimientos.

Finalmente, y como consecuencia de esta actividad, la Fiscalía añade en su nota que «reconoce y quiere destacar el extraordinario esfuerzo realizado por la inmensa mayoría de las residencias de mayores y, muy especialmente, por sus trabajadores y trabajadoras y el personal encargado de los centros».