La Fiscalía archiva la denuncia por la contratación exprés de personal en la Junta de Andalucía por el coronavirus

La denuncia, interpuesta el pasado mes de septiembre, iba dirigida contra el consejero de Presidencia, Elías Bendodo , la secretaria general para la Administración Pública, Vielba Gómez, y la directora general para la Administración Pública, Natalia Silva, a quienes Mareas Bancas, que defiende la sanidad pública, atribuía un delito de prevaricación por las citadas contrataciones incluidas en una convocatoria con fecha del pasado 8 de julio.

En el decreto de archivo, del que han informado a Efe fuentes del Ministerio Público, la Fiscalía no considera que esa contratación urgente de 159 funcionarios interinos integre la conducta punible denunciada porque la convocatoria «en ningún caso es irracional o arbitraria, esencia del delito de prevaricación ».

Y ello porque la administración autonómica, y las personas responsables denunciadas, justificaron la convocatoria en circunstancias «excepcionales o extraordinarias» en el seno del marco de la emergencia de salud pública ocasionada por el Covid-19.

Si excluía de la convocatoria a determinados colectivos, agrega la Fiscalía, fue con la finalidad de preservar su integridad y derecho a la salud ante la pandemia.

La contratación, concluye el Ministerio Público, encuentra acomodo legal en el Decreto-Ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social para luchar contra la evolución del coronavirus, que permite tal convocatoria por el procedimiento de emergencia que facilita la selección de personal funcionario interino y de personal laboral temporal con la mayor agilidad.

La Fiscalía Superior de Andalucía ya archivó recientemente, por los mismos motivos, una denuncia similar presentada por el sindicato CGT contra la Junta a raíz del proceso de selección de personal interino y laboral temporal necesario en el marco de la emergencia sanitaria por la Covid-19.

En concreto, la Confederación General de Trabajo (CGT) denunció el pasado agosto a los responsables de la Consejería de Presidencia, Administración Púbica e Interior por posibles delitos contra los derechos de los trabajadores y prevaricación en el referido proceso selectivo.

El sindicato consideraba constitutivo de delito ciertas bases de la resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública , por la que se articulaba el procedimiento de emergencia para la selección de personal en el marco de la emergencia sanitaria.