El fiscal culpa a Empleo de dar por buenos cursos irregulares

En su escrito, del pasado 7 de junio, el fiscal Fernando Soto advierte «la posible existencia de un plan preconcebido » por parte de los empresarios investigados para «obtener subvenciones con la finalidad de lucrarse con las mismas y sin intención de cumplir con uno de sus elementos esenciales».

El representante del Ministerio Público se muestra también muy crítico con la actuación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la agencia dependiente de la Consejería de Empleo. Asegura que los órganos administrativos encargados de la justificación y liquidación de los expedientes de subvenciones «habrían mostrado un criterio manifiestamente laxo», ya que «habrían dado por buenos muchos contratos que incumplen los requisitos mínimos exigidos por la normativa».

Basándose en el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las investigaciones policiales practicadas en el entorno de José María Pérez González , la Fiscalía encuentra indicios de que los investigados «habrían recibido subvenciones a través de sus empresas, con la previa intención de incumplimiento de un elemento esencial de este tipo de subvenciones como es el compromiso de contratación». «Puestos previamente de acuerdo, habrían firmado acuerdos con terceros, en los que estos habrían adquirido el compromiso de contratación al que viene obligado el beneficiario» como fase final de cada subvención, avisa el fiscal.

Anticorrupción concluye que, sin embargo, «aquellos acuerdos eran falsos o al menos simulados» , de forma que «ni estas terceras empresas ni los investigados beneficiados tenían intención de cumplir estos compromisos y en su consecuencia no proceder al alta en la Seguridad Social del mínimo de alumnos exigidos para cada expediente de subvención».

En el pasado octubre, a petición de la Fiscalía, la juez dio carpetazo a la llamada pieza política del caso Formación en la que había 24 ex altos cargos de la Junta acusados, 16 de ellos detenidos por la magistrada Mercedes Alaya, que abrió el caso. Cuando Núñez se hizo con la macrocasua, la dividió y decidió el archivo provisional, que fue recurrido por el PP-A. Este partido, personado como acusación, pidió que fuera declarado nulo porque la investigación estaba incompleta.