Festejan con la bandera republicana la nueva ley andaluza de Memoria Democrática

Todo parecía de otra época, incluso que la defensa de la Ley por parte del Gobierno andaluz la estuviera haciendo Rosa Aguilar , ahora consejera de Cultura socialista. Aguilar destacó que la Ley abre «un nuevo tiempo» .

La Ley de Memoria Democrática de Andalucía da un paso más allá de la noma que impulsara el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y amplía el horizonte temporal a revisar desde la Segunda República hasta el 11 de enero de 1982 . Entre otros aspectos contempla la creación de una comisión indepediente o grupo de trabajo para elaborar un informe sobre lo sucedido en la guerra, dictadura y años posteriores en Andalucía y que será enviado a una supuesta comisión de la verdad nacional, órgano cuya creación defiende el PSOE.

La comisión independiente deberá contar entre sus miembros con ciudadanos ampliamente respetados de la sociedad, de independencia probada, e incluirá a profesionales de distintos ámbitos o trayectorias, como abogados en ejercicio o jueces retirados, psicólogos, educadores, antropólogos, arqueólogos, investigadores universitarios, expertos en violencia contra la mujer o los niños, así como representantes de colectivos memorialistas y de las víctimas y activistas de los derechos humanos, entre otros. Recopilará materiales para elaborar un informe «consistente, incluyente y global» que tiene como uno de sus objetivos evitar la repetición de la represión franquista en Andalucía. La Consejería de Cultura justifica la comisión en la necesidad de que los andaluces lleguen a un acuerdo sobre su pasado.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz intervino en una red social para manifestar que el nuevo texto legal «da un paso más para recuperar la dignidad de las víctimas del franquismo».

Desde IU y Podemos, alborozo aparte por la aprobación, se recordaba la necesidad de que esta Ley se ponga en práctica sin dilación y sobre todo que se dote de presupuesto . El Parlamento debe aprobar ahora una partida para sufragar los gastos de la comisión, que debe redactar el informe en un plazo de 18 meses a partir de que le sea solicitado. En la tribuna del público, donde muchos de los asistentes mostraban fotos en sepia de familiares desaparecidos, un hombre levantaba una pancarta con el lema «80 millones para la Memoria Histórica ya» .

Durante el debate previo a la aprobación de la Ley, el diputado del PP Juan Ramón Ferreira mostró la decepción de su partido porque pensaba que se podría lograr un texto unánime, y criticó que se haya optado por una ley «de mayoría».

«El tiempo de los rojos y los azules se ha terminado», dijo el portavoz de Cs, Juan Marín que explicó la abstención porque su grupo es partidario de la «justicia», pero no de la «venganza».