Los fármacos ucranianos adquiridos por el SAS desconciertan a los médicos

La sección de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Málaga ha sido la última en recoger las quejas de los profesionales sanitarios, aunque hace un par de meses fue el Sindicato de Médicos el que alertaba de una situación similar en las urgencias de los centros de salud del Distrito Metropolitano de Granada. El medicamento de conflicto es Sulpiride. Los médicos lo saben por un pequeño adhesivo que es lo único en castellano que se puede leer en un envoltorio en el que la marca y demás información está escrita en cirílico.

Se trata de un inyectable diagnosticado para cuadros de vértigos y vómitos que desde hace unas semanas ha llegado a las Urgencias del hospital comarcal de la Axarquía —ubicado en el municipio de Vélez-Málaga— a través del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga (Agsema). Fuentes de CSIF dieron voz al malestar de los profesionales sanitarios advirtiendo de que el uso de estos fármacos puede ser contraproducente por dos cuestiones . En primer lugar, y a pesar de que son productos avalados por la Agencia Española del Medicamento, porque «su procedencia no ofrece todas las garantías» porque son elaborados por laboratorios —en Ucrania, India...— que «no tienen muchas referencias» y que se encuentran «fuera de nuestro marco de referencia». «No se puede obviar que son fabricados en países cuyo nivel farmacéutico es inferior que en otros de nuestro entorno como Alemania, Francia o Italia», explicó un portavoz de Sanidad de la citada organización sindical, quien ofreció sus dudas sobre la efectividad de estos fármacos: «En algún sitio tendrán su margen de beneficio económico».

La segunda cuestión que desconcierta a los profesionales de las Urgencias es que la información que se ofrece en castellano es «marginal», lo que «incrementa las probabilidades de error en su aplicación». La incomprensión del prospecto de estas medicinas, así como los escasos datos que se aportan en el envase, suponen —según CSIF— una violación de la ley 29/2006 de 26 de julio, cuyo artículo 15.6 recoge: «Los medicamentos se elaborarán y presentarán de forma que se garantice la prevención razonable de accidentes, especialmente en relación con la infancia y personas con discapacidad». Además, deben recoger, entre otros, los siguientes datos: «Cantidad contenida, número de lote de fabricación, fecha de caducidad, precauciones de conservación o condiciones de dispensación».

La citada fuente exigió que los envoltorios y prospectos recojan la información en español, porque, «que yo sepa, en los hospitales no sabemos ucraniano».

«Entendemos que la unidad de farmacia de este Área de Gestión no cumple estas normas cuando ha suministrado un medicamento en un idioma totalmente incomprensible y en el que sólo existe una pegatina impresa en la caja y en los viales, la cual es fácilmente separable; máxime cuando en ellas no aparecen datos tan importantes como la fecha de caducidad y la vía de administración», agregó el dirigente de la central sindical.

Ante estas quejas, la Consejería de Salud manifestó que «la seguridad de los medicamentos seleccionados por el SAS en todas y cada una de las convocatorias que se han realizado hasta el momento está avalada por la Agencia Española del Medicamento y por la Unión Europea (UE)».

Sobre la efectividad de estos genéricos señaló que «cuestionar su calidad, es cuestionar a la totalidad de los medicamentos que se dispensan en las oficinas de farmacia españolas, ya que los criterios de calidad aplicados en Andalucía son exactamente los mismos en toda España y en toda Europa.

Por último, sus fuentes recalcaron que « los laboratorios —señalados— trabajan en toda Europa y, en algunos casos, tienen plantas de fabricación y delegaciones radicadas en ciudades como Londres o Berlín»; por lo que consideran que «las críticas que se hagan a este procedimiento transparente no es más que una muestra de que lo que se defienden son intereses comerciales y de la industria, y no los beneficios que este procedimiento aporta a la ciudadanía y a la Administración».