Los expresidentes Chaves, Griñán y Susana Díaz, señalados por «inacción» en el fraude de Faffe

Sus reiteradas negativas no han impedido que el nombre de la actual senadora del PSOE por Andalucía figure como una de las «responsables políticas» del despilfarro de la Faffe en las conclusiones de la propuesta definitiva de dictamen, elaborada por el presidente de la comisión, Enrique Moreno (Ciudadanos), quien, al igual que su grupo político, había dejado fuera a Díaz de la onda expansiva del caso Faffe en su primer borrador.

El documento, de 154 páginas, se someterá a votación el próximo lunes como colofón a los tres años de trabajo y los 58 comparecientes que han desfilado por la comisión. El dictamen tiene visos de salir adelante. El principal desencuentro radicaba en la exclusión de Díaz. PP –socio de Cs en el Gobierno andaluz– y Vox culpaban a la expresidenta y, finalmente, se han salido con la suya. Ha pesado más la voluntad de no cerrar en falso la comisión que las reservas de los liberales a implicar a la exmandataria. En sus conclusiones, le reprocha la «omisión» de su deber de investigar o, incluso, que «obstaculizara» las pesquisas cuando salieron a la luz los pagos en prostíbulos, explicó Moreno. «Intento ser objetivo», se justificaba ayer cuando los periodistas le preguntaron por el repentino cambio de guion.

El dictamen, que deberá aprobar el Pleno del Parlamento, establece distintos niveles de responsabilidad política entre los tres anteriores presidentes de la Junta y exsecretarios regionales del PSOE Manuel Chaves (1990-2009), José Antonio Griñán (2009-2013) y Susana Díaz (2013-2018).

Los grupos políticos coinciden en situar como principal responsable al exdirector general durante los ocho años de vida de la entidad (2003-2011), Fernando Villén, quien va a ser juzgado por abonar 32.000 euros con tarjetas de crédito institucionales en doce fiestas en prostíbulos de Sevilla, Cádiz y Córdoba. Estos gastos son la punta del iceberg de un ramillete de irregularidades que investiga el juzgado: fondos de formación sin justificar, contratos adjudicados a dedo y 84 enchufes de excargos y allegados al PSOE.

El documento culpa a Chaves y Griñán del «caos organizativo al que sumieron la Administración de la Junta de Andalucía durante sus mandatos». «Bajo la presidencia del primero se creó la Faffe de forma que se facilitaron las irregularidades en las políticas de empleo y bajo la presidencia del segundo se extinguió la Faffe con la Ley de Reordenación del Sector Público de Andalucía, conocida como la «ley del enchufismo», lo que permitió la absorción de sus 1.500 empleados al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde siguen trabajando en esta agencia sin que estén definidas sus tareas.

El caso de Díaz es distinto. Ella no formaba parte del gobierno cuando «se ejecutaron las gravísimas irregularidades» y tampoco sus exconsejeros María Jesús Montero (hoy ministra de Hacienda), José Sánchez Maldonado, Javier Carnero Sierra y Antonio Ramírez de Arellano López. Sin embargo, a todos ellos se les recrimina que no destacaron «por prestar facilidades para la investigación judicial en marcha, sino más bien por la manifiesta falta de colaboración con la referida investigación». Hubo, a su juicio, «inacción» y «negligencia» a la hora de gestionar los expedientes de justificación de subvenciones, de reintegro y/o las diligencias previas. Esa «inactividad» tuvo consecuencias para las arcas públicas porque provocó «la caducidad del procedimiento en uno de los expedientes» de devolución.

El círculo de responsabilidades se cierra con una acusación genérica a «todos los dirigentes socialistas que consiguieron para ellos mismos o para sus familiares y/o amigos una nómina en la Faffe por su condición de responsables políticos, gracias a su relación con el PSOE de Andalucía y con el ex secretario general de Empleo de la ejecutiva regional [y exdirector], Fernando Villén, cuya firma estaba presente en todos los contratos».

En la descripción de los hechos acaecidos en la Faffe se citan como «posibles casos de enchufismo» el del concejal socialista de Jerez Francisco Camas, el exalcalde de Lebrija Antonio Torres, o Carmen Ibanco, esposa del actual líder del PSOE-A, Juan Espadas, contratada cuando su marido era viceconsejero de Medio Ambiente. «Los ciudadanos andaluces tenemos motivos para pensar que hubo graves irregularidades en su contratación», señala en relación a esta técnico.

La idea es que «a finales de este mes o principios del que viene» el Pleno del Parlamento andaluz apruebe el dictamen de la Faffe. Sería una de las últimas iniciativas de la legislatura. Se cierra así un círculo que comenzó en la pasada campaña electoral, con una rueda de prensa del candidato del PP y hoy presidente de la Junta, Juanma Moreno, a las puertas del ya cerrado prostíbulo Don Angelo, en Sevilla, donde Villén se gastó 14.737 euros en una noche de fiesta.