Griñán ve «inocente» el sistema de pago de las ayudas irregulares del caso ERE y afirma que no podía actuar

En el juicio el ex dirigente socialista también ha subrayado, a preguntas del fiscal, que las transferencias de financiación, el mecanismo presupuestario elegido por la Consejería de Empleo para pagar las ayudas, era «inocente e inocuo».

Ha atacado así uno de los principales argumentos de las acusaciones en el proceso de los ERE, que, basándose en los informes periciales de la Intervención del Estado y en los informes de la Intervención autonómica, sostienen que se empleó irregularmente este mecanismo para agilizar el pago de las subvenciones sacándolas fuera de los controles de la Intervención sobre los gastos directamente realizados por la Consejería. Para ello Empleo utilizó una agencia instrumental, IFA/IDEA, que era la que abonaba las ayudas que Empleo concedía.

Griñán ha argumentado que «las transferencias de financiación no impedían las fiscalización» y que éste es un método para allegar fondos desde una administración a una empresa. Por tanto, responsabiliza indirectamente a la Consejería de Empleo de la gestión de las ayudas y afirma que la Intervención no hizo informe de actuación porque no detectó ningún menoscabo de fondos públicos.

« no se me ha dado traslado jamás de ningún informe que pidiera una actuación directa » por su parte para frenar las deficiencias e irregularidades detectadas por la Intervención de la Junta de Andalucía en el procedimiento empleado para abonar las ayudas.

Griñán ha estado declarando desde las 10.45 hasta las 14.35 horas en el juicio que se celebra en la Audiencia de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía por el procedimiento supuestamente fraudulento para repartir 855 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis entre 2000 y 2011, dentro de la denominada pieza política del caso ERE. En este caso también está acusado su antecesor al frente del Ejecutivo andaluz, Manuel Chaves.

El exresponsable de Hacienda, que se enfrenta a seis años de prisión y 30 de inhabilitación por supuestos delitos continuados de prevaricación y malversación de fondos públicos, ha esgrimido que «no se puede llegar a ese nivel detalle a nivel de un consejero» cuando el fiscal le ha preguntado sobre el programa 31L. Añadió que el citado programa de ayudas sociolaborales es «una parte insignificante de la Consejería de Empleo» en comparación con el programa para financiar el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Cuando el fiscal le ha manifestado que era el 31L era el programa de mayor volumen económico a excepción del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Griñán ha respondido que eso es como « quitarle el SAS a la Consejería de Salud » y que había múltiples programas en una administración con más de 250.000 empleados.

Durante el interrogatorio, el exmandatario socialista ha insistido en la idea de que siendo consejero de Hacienda « no se me informó» de la existencia de un informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía que alertaba de que se estaba prescindiendo del procedimiento establecido. Dicho documento fue remitido a él y a los consejeros de Empleo e Innovación.

Griñán ha explicado que conoció este informe complementario por la causa penal, no por la prensa. Además, indicó que imagina que su entonces vicenconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo , también acusada en este proceso, le dijo que no se le remite a él porque «no puede actuar el consejero» sino la Consejería «concernida», que era Empleo.

A propósito de esete informe, remitido para su conocimiento en el año 2005, cuando era consejero de Hacienda, el responsable de la Intervención General, Manuel Gómez Martínez, que también está acusado, ratificó en el juicio que sus alertas fueron desatendidas por los tres consejeros y no tomaron las medidas correctoras que tenían que tomar para frenar las irregularidades haciendo uso de sus facultades.

El expresidente andaluz también se ha ratificado en su declaración como imputado en el Tribunal Supremo el 9 de abril de 2015. Entonces aseguró que no había recibido los informes de la Intervención de la Junta de Andalucía que cuestionaban el procedimiento de pago de las ayudas.

También admitió que lo que ha ocurrido con los citados fondos es una «barbaridad» y que todas las ayudas han tenido una gestión poco rigurosa y merecen un reproche «político y penal» . «Por cierto me ratifico en esa declaración del Supremo», ha afirmado antes incluso de que el fiscal Anticorrupción le preguntara por ello. Al salir de su declaración, Griñán indicó a los periodistas que «no hubo un gran plan, pero sí un gran fraude» y eso significa que «alguno de los controles pudo fallar».

Este ex alto cargo inició su declaración después de que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández García se acogiese a su derecho a no contestar a las preguntas del presidente del tribunal , José Antonio Calle Peña, argumentando que se siente «tenso y aturdido» y temeroso y que «no me veo en condiciones de prestar unas declaraciones con plenas garantías».

La comparecencia del expresidente ha arrancado con el interrogatorio del fiscal Manuel Fernández Guerra , que le ha preguntado por los cargos que ha ocupado y por la orden de 1995 que impulsó Griñán como ministro de Trabajo del Gobierno de Felipe González.

Mediante esta norma regulaba las primeras « ayudas asistenciales para que empresas, trabajadores y el Gobierno financien » su prejubilación para «sobrevenir a situaciones de necesidad», según ha explicado el expresidente a preguntas del representante del Ministerio Público.

El fiscal ha exhibido en la sala un documento de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Empleo donde se especificaba que las ayudas estatales están sometidas a fiscalización previa, lo que no sucedió en el caso de las ayudas excepcionales que concedió la Junta de Andalucía. Los requisitos que había que cumplir en el caso de la orden ministerial son presentar un ERE , solicitar las ayudas y el Ministerio las concedía «según la disponibilidad presupuestaria».

Respecto al programa 31L, Griñán ha relatado que no tuvo conocimiento de un desfase presupuestario de 38 millones de euros que motivó que la Intervención retuviera el crédito de la agencia que pagaba las ayudas, IFA/IDEA, que la Consejería de Empleo concedía para pólizas de prejubilación y empresas en crisis.

«Podía conocer los datos de ejecución de la cuenta general de la Junta de Andalucía. En todos y cada uno de ellos, el gasto comprometido y las obligaciones reconocidas por el 31L fue inferior a los créditos disponibles. Consta en autos», ha explicado al fiscal. Su declaración continúa esta tarde.

En el juicio, algunos acusados, como el propio Antonio Fernández, se han amparado en esta orden para asegurar que las ayudas autonómicas estaban bajo dicho marco regulatorio.