El exconsejero Vallejo recusa a la juez Mercedes Alaya para apartarla del juicio de las ayudas a Servivation

Alaya había sido designada ponente del tribunal que debe juzgar al político, que está acusado también en el caso ERE, y es la encargada de redactar la sentencia acordada con los otros dos jueces que integran la Sala que deberá enjuiciar esta causa separada del caso Invercaria. La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de seis años de cárcel para el ex consejero de Innovación y los otros cinco acusados.

Mediante una diligencia de ordenación fechada el pasado lunes, a la que ha tenido acceso ABC, el letrado de la Administración de Justicia da un plazo de diez días al recusante para que subsane un defecto al no acompañar su incidente de recusación de un poder especial para ejercer esta medida así como de un escrito debidamente autorizado por el abogado y procurador.

La recusación planteada por Vallejo llega en un momento especialmente delicado para la magistrada que se enfrentó al poder institucional del PSOE en Andalucía . En una entrevista concedida a ABC, la juez instructora del caso de los ERE falsos en Andalucía acusó al PP y al PSOE de haberla apartado de esta y del resto de las macrocausas que juzgaba por «el miedo que había a que siguiera investigando el caso de los cursos de formación, porque había visto ya cosas asombrosas».

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) incoó una diligencia informativa en relación con las manifestaciones realizadas el pasado 4 de junio por la magistrada de la Audiencia Provincial de Sevilla contra los fiscales al considerar que si el Ministerio Público asume la investigación de los procedimientos por corrupción sería « como tener al lobo metido dentro del gallinero ».

El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, que investiga las presuntas irregularidades en Invercaria, dictó en mayo de 2017 el auto de apertura de juicio oral y fijó una fianza de 1.180.000 euro s al exconsejero Francisco Vallejo y a otros cinco acusados por el préstamo participativo de esa misma cuantía concedido por la empresa pública Invercaria a la sociedad Servivation S.A, que fue impulsada por el ex alto cargo.

Según el auto por el que concluía la investigación, Francisco Vallejo «ordenó directamente» al presidente de Invercaria , Tomás Pérez-Sauquillo la concesión de una ayuda a Servivation y que este préstamo fue tratado en el consejo de administración de 23 de julio de 2008.

Servivation se creó para dar salida laboral a 114 trabajadores de la extinta Vitelcom , y en su declaración judicial como investigado, Vallejo defendió que no tenía «nada que ver» con esa ayuda y que esta sociedad «no fue un problema, fue una solución para la consejería de Innovación».

El juez señala además que el 18 de octubre de ese año Invercaria otorgó un préstamo participativo en favor de Servivation por importe de 1.180.000 euros, con dos vencimientos del 50 por ciento el 15 de octubre de 2013 y 2014. Para este magistrado, el estudio del riesgo «consiste en un resumen ejecutivo con idéntica información al plan de negocios aportado por el promotor».

Así, Invercaria entró a formar parte del accionariado de Servivation el 27 de marzo de 2009, suscribiendo el aumento de capital social de 6.000 euros y designándose a Pérez-Sauquillo como consejero de la entidad. Francisco Vallejo se convierte en el único consejero procesado hasta ahora en la causa de Invercaria por su labor como dirigente político, ya que otro exconsejero, José María Martín Delgado, lo ha sido por su papel como empresario en la pieza de la compañía Operador Aéreo Ándalus.