El exconsejero Ojeda defiende ante la juez que la formación ha sido su «ruina»

La Administración autonómica le debe «aproximadamente 5 millones de euros» que están justificados « hasta el último euro » correspondientes a cursos realizados, según ha manifestado el empresario, que estaba citado a declarar investigado por supuestos delitos de falsedad documental y fraude en subvenciones , tras recibir 33,3 millones de euros de la Junta, a través de subvenciones excepcionales, para formar y contratar a extrabajadores de la factoría de Delphi «a través de las asociaciones controladas por él, denominadas AEA, Humanitas, Innova, Inteca y Natura», otorgadas el 10 de agosto de 2009 y 3 de diciembre de 2010.

Durante una comparecencia judicial que se prolongó durante casi tres horas y en la que sólo contestó las preguntas del fiscal y de su letrado, Ángel Ojeda se ha quejado de que «la Junta les pagaba tarde y mal» y que no hubo «sobrecosto» en la puesta en marcha del dispositivo de Delphi. Asegura que Prescal hizo los cursos más baratos, a 10 euros la hora, es decir, un 30 por ciento por debajo del coste habitual de la Administración. Añade que las distintas asociaciones que forman parte del grupo que dirige «tuvieron que adelantar las nóminas de los trabajadores».

Ojeda se explayó en sus explicaciones y rehusó ratificarse en la declaración que prestó en el juzgado de Cádiz el pasado 6 de agosto tras su detención, porque, según indicó, entonces estaba en estado de shock . Ante la juez instructora, ha narrado que su actividad «es un libro abierto» y que se ha atenido siempre a la más estricta legalidad.

Respecto a Delphi, afirma que fue el 25 de julio de 2009 cuando recibió una llamada del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la cual «llamaban a todas las entidades en Andalucía que tuvieran en su objeto social la formación, entre ellas la Asociación de empresas Aeronáuticas en nombre de la cual actuaba» Ojeda, añadiendo que estuvo en una reunión «donde había unas 30 asociaciones» y a la que asistieron el entonces director gerente del SAE, Antonio Toro , «y personas de la Junta, personal de la Dirección General».

Tras precisar que su cuñada , la ex directora general de Formación Profesional, Autónomos y Programa para el Empleo Teresa Florido, « no tuvo nada que ver con esta reunión », el exconsejero expuso que «se les propuso que personal de Delphi iba a cumplir los dos años de paro en septiembre y la Junta haría convocatoria excepcional para hacer contratos y dar cursos de formación y empleo ».

«De las asociaciones que estaban allí y en otras reuniones que hubo, solo afrontaron dicho reto ocho asociaciones », ha manifestado, agregando que dicho reto consistía en que «el 1 de septiembre tenían que tener dispuesto aulas, talleres y personal para hacerse cargo de 900 o 855 trabajadores para contratarlos y darles formación», una oferta «que marcó exclusivamente la Junta».

«Sólo podían ser empresas con dinero e instalaciones suficientes en un mes de agosto» y «todo el mundo se echó para atrás» salvo estas ocho entidades que «estaban dispuestas a hacer la obra», ha puntualizado Ojeda. «Quedó claro que la oferta era formación y empleo, de forma simultánea », tras lo que la asociación de empresas Aeronáuticas «dio de alta» a más de 100 trabajadores, afirmó.

Ojeda quiso dejar claro que «todo fue por indicación de la Junta» y que « las clases se dieron en su totalidad », pues los alumnos «dieron sus cursos porque tuvieron que demostrar que el sistema era 'huellero', se ponía la huella al entrar y salir de las aulas y entre medio pasaban lista por sorpresa».