El exconsejero Fernández afirma ahora que se sintió «acosado» por la juez Alaya, que lo mandó a prisión

«En ningún caso me retracto de nada, pues dije la verdad entonces y ahora», alegó Fernández a preguntas de su abogado. El exconsejero se enfrenta a ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Sin embargo, a preguntas del presidente del tribunal, admite que las firmó todas al acabar cada día el interrogatorio, en torno a la medianoche, porque después de más de 40 horas «no tenía capacidad por agotamiento físico y psíquico» . En ellas apuntaba a que el Consejo de Gobierno conocía el sistema por el que la Junta concedía las ayudas bajo sospecha.

El magistrado Juan Antonio Calle preguntó a Fernández si todas esas «vicisitudes» que ahora manifiesta sobre la declaración ante Alaya pidió que constaran en las de las declaraciones, pero el exconsejero reconoció que no, ni recuerda que lo hiciera su abogado . Tampoco pidió su aplazamiento, aunque sí lo hizo su abogado. «Es incompatible no ratificar las actas de la declaración y no retractarse», aseguró el presidente de la sala.

Antonio Fernández García aseguró ayer en el juicio que «es cierto» que siendo él consejero de Empleo su nombre figuró inicialmente en el listado de 94 trabajadores beneficiarios de una póliza de prejubilación subvencionada por la Junta de Andalucía con motivo del ERE promovido por la bodega jerezana González Byass, de la que era trabajador en excedencia.

Pero, a preguntas de su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, explicó que no percibió ni percibirá los 386.000 euros a los que tenía derecho porque renunció a ellos. Ante el tribunal que juzga a 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía por el procedimiento para repartir «de forma arbitraria» ayudas sociolaborales y empresas, Fernández sostuvo que el derecho a la ayuda con cargo a la partida de los ERE «no nace a la vida» porque era indispensable, «un requisito constitutivo», que firmara el boletín de adhesión a la póliza, pero no lo rubricó. «

No participé en las ayudas sociolaborales » que concedió la Junta y «me desvinculé del todo», aseguró al ser cuestionado por su letrado, que trajo a colación este asunto que no se juzga en esta causa porque el fiscal preguntó al exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías por la presencia de Fernández en el citado ERE.

Fernández explicó que el comité de empresa pidió las ayudas sociolaborales a la Junta. En mayo de 2008 los 94 trabajadores mayores de 55 años cuyos contratos iban a extinguirse fueron convocados, incluido él. « Lo firmaron 93, no quería póliza, ni la necesitaba, ni la suscribí », afirmó. «Yo no he percibido, ni percibo, ni percibiré» la ayuda, pero sí cobró la indemnización a la que tenía derecho trabajar allí desde los 14 años hasta que en 1983 pidió excedencia. «había pasado por la cárcel, la vida cambió absolutamente y pasé del todo a la nada».

« No recibí mi indemnización porque fue embargada por la fianza », indicó poco antes de que acabara el interrogatorio de su abogado, que continuará el lunes, por lo que el expresidente de la Junta José Antonio Griñán no comparecerá previsiblemente hasta el martes.