El exconsejero Ávila dice que la partida 31-L no era objeto de su preocupación

Ávila, a cuyo testimonio han acudido los exconsejeros procesados, Antonio Fernández y Carmen Martínez Aguayo que han estado sentados en la primera fila escuchando a su antiguo compañero, ha prestado una declaración muy vaga y con constantes alusiones a que no se acordaba de lo ocurrido con las ayudas sociolaborales ni con la 31-L. De hecho, el fiscal anticorrupción ha tenido que conminarle en alguna ocasión a que sea mas concreto ya que el exconsejero ha contestado a varias preguntas asegurando que no se acordaba o que ha tenido que hacer memoria antes de acudir al tribunal. «Tengo que presuponer que estoy en una organización que hace bien las cosas» , ha dicho en un momento de su comparecencia asegurando que nadie puede estar mirando hacia atrás «para ver cuales son los trámites que han cumplido los proyectos»

El exconsejero, que ha ratificado su declaración que hizo ante el TSJA, ha evitado nombrar la partida 31-L y ha utilizado evasivas en muchas de sus contestaciones. Aunque está actualmente apartado de la política y da clases en la Universidad de Málaga, Ávila ejerció numerosos cargos de responsabilidad en la Junta de Andalucía, entre los años 1996 hasta 2013 y fue consejero de Presidencia, de Economía y de Innovación y Ciencia.

El fiscal anticorrupción lo ha interrogado durante más de una hora en un testimonio en el que Ávila ha intentado eludir cualquier responsabilidad en lo que ocurrió con las ayudas sociolaborales. Ha dicho que no tenía competencia en la ejecución del presupuesto y que aunque en la Consejería de Economía había reuniones «no era posible profundizar porque había muchos temas».

«No era objeto de mi atención, no estaba en mis preocupaciones», ha dicho el exconsejero cuando el fiscal anticorrupción le ha preguntado de forma insistente si conocía el programa 31-L y si sabía como se trataba en materia presupuestaria. Unas preguntas a las que ha contestado asegurando que no tenía conciencia de conocer todos los programas presupuestarios ni sus mecanismos de financiación. «He tenido que hacer una reflexión profunda de lo que era el problema», ha dicho Ávila.

¿Tiene alguna explicación sobre las ayudas que daba la Junta del programa 31-L?, le ha preguntado el fiscal, a lo que el exconsejero ha dicho que esas ayudas atendían al inicio de la crisis de 2008 que habían generado una gran destrucción de empleo cuando «empezaron a saltar las alarmas de empresas que requerían ayudas». Luego, en otro momento, Ávila ha negado que tuviera conocimiento de cualquier irregularidad hubiera ido a ponerlo en conocimiento de los servicios jurídicos de la Consejería aunque también ha dicho que no sabe que criterios se siguieron para otorgar esas ayudas.

El exconsejero también ha dicho que advirtió de que una campaña publicitaria del SAE de 900.000 euros no se podía pagar con el dinero de la partida de la 31-L aunque no le hicieron caso. El juicio continua y Ávila responde a las preguntas de las defensas sobre la figura presupuestaria de las transferencias de financiación. Entre los próximos testigos está previsto que comparezca la exconsejera de Presidencia, Mar Moreno.