El Estado reduce los fondos a Andalucía a pesar de tener más población

En este contexto, e l Ejecutivo andaluz se prepara para encarar una negociación crucial para el futuro , como es la reforma del modelo de financiación de todas las comunidades con una importante carga de recelos y acusaciones que han llegado a calificativos gruesos, como «robo» y «engaño». Fuera de los institucional, la batalla política se recrudece en torno a la financiación. Baste citar la declaración que realizaba el viernes la secretaria general del PPandaluz, Loles López: «Sánchez quiere pagar la juerga política de su pacto con el dinero de todos los andaluces».

El clima de enfrentamiento se remonta a finales del pasado año cuando el ministerio, con su titular en funciones, comunicó a la consejería que no podría salir a refinanciar su deuda en el mercado, obligándola al marco de financiación del Estado mediante el Fondo de Liquidación Autonómica (FLA) . El motivo: la comunidad había superado en unas décimas el límite de déficit de 2018, el último año de gestión del PSOE en el que prorrogó el último presupuesto andaluz; elaborado, precisamente, por María Jesús Montero. El Gobierno andaluz calificó la decisión como una «intervención» del Gobierno en toda regla. La medida afectaba al prestigio de la comunidad en los mercados financieros e imposibilita poner en marcha operaciones de crédito, a largo plazo y buen interés, que ya estaban en la agenda del consejero Juan Bravo.

Bravo solicitó por carta una reunión a Montero. La respuesta la conoció días después a través de los medios de comunicación. La consejería tuvo que reclamar la carta, que llegó días después a Sevilla. En ella Montero no se refería a la reunión solicitada . Fuentes de la consejería aseguran que la incomunicación afecta también a los niveles técnicos. Los requerimientos de información y explicaciones a algunas de las medidas adoptadas no obtienen respuesta de Madrid. En el ministerio niegan que haya diferencia con la comunicación que mantiene con otras comunidades.

Sin embargo, hay elementos que demuestran dos velocidades en la gestión. El ministerio no ha contestado todavía a la petición realizada en septiembre sobre la autorización de las subastas de pagarés que desde hace treinta años viene realizando la Junta de Andalucía. Se trata de un asunto menor pero que afecta al día a día de la gestión, ya que con estas subastas de créditos, a corto plazo con interés fijo en el mercado libre, se salvan operaciones de tesorería cada mes. Fuentes del ministerio admiten el retraso , pero lo achacan a la propia tramitación administrativa y aseguran que no hay informes negativos al respecto y, por tanto, que se autorizará en breve.

Con todo, ha sido la primera rueda de prensa de María Jesús Montero tras ser ratificada en su cargo de ministra de Hacienda y nueva portavoz del Gobierno lo que más ha preocupado al Gobierno andaluz. En el primer Consejo de Ministros del nuevo Ejecutivo que preside Pedro Sánchez se aprobó el reparto de las entregas a cuenta de los fondos del Estado a las Comunidades y las liquidaciones del año 2018. Es la primera vez, aseguran desde la Junta, que no hay entregas a cuenta del Estado en los primeros 20 días de enero. La doble prórroga del presupuestos estatal y las dificultades para la formación del Gobierno tienen que ver con ese retraso.

El acuerdo sobre el reparto de las entregas a cuenta, según la Junta de Andalucía, se solía aprobar después de la reunión de un Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que se fijaban los criterios del reparto dentro de los límites que marca el actual marco de financiación, vigente desde el gobierno de Rodríguez Zapatero. Las cifras finales se comunicaban después directamente a las comunidades.

En esta ocasión no hubo Consejo previo, a pesar de que lo habían solicitado varias comunidades para conocer las reglas del juego.

La distribución de los fondos fue anunciada por Montero en rueda de prensa sin comunicarla antes a las comunidades y se ofrecieron las sumas conjuntas de las cantidades de entrega a cuenta y liquidación. El mensaje que quería traslada el Ministerio era que llegarán este año a Andalucía más de 20.300 millones procedentes del Estado. Más que nunca. La terquedad de las cifras lo desmiente. Andalucía gana algo más de lo que preveía en la liquidación de 2018, gracias a que se superaron las previsiones de ingresos del Estado en 2018, pero pierde hasta 77 millones de euros con respecto a las entregas a cuenta de 2019.

En el análisis que ha hecho la Consejería de Hacienda se constata que la disminución de las entregas a cuenta para Andalucía es del 0,39 por ciento. En el reparto, las comunidades que más ganan son Baleares (+3,71), la Comunidad Valenciana (+1,39) y Cataluña (+0,76). La única explicación ofrecida en la nota ministerial era que estas diferencias se derivaban de la aplicación de un coeficiente por incremento de la población en cada comunidad. Según ese criterio, la liquidación para Andalucía sería errónea ya que aunque el aumento de la población en nuestra comunidad en el último año (0,36%)ha sido menor que el crecimiento medio de la población en España (0,66 por ciento), la población es mayor, por lo que no debe recibir menos fondos que en 2019.

Tras las críticas, fuentes del ministerio explicaron a ABC que el criterio que se ha seguido es más selectivo, pues se trata de atender al incremento de población por grupos de necesidades sociales en función de los gastos a financiar. El acotamiento tampoco convence a la consejería. No se sabe qué registros se utilizan, renta, dependencia... Tampoco se conoce qué estadística se ha utilizado si la de un año, la de los últimos tres años... La opacidad sobre el criterio y las fuentes utilizadas impiden afinar más.

Esto incrementa los recelos de la Junta sobre la existencia de ingeniería política tras las cuentas de Montero para beneficiar a las comunidades gobernadas por el PSOE, Podemos o los grupos nacionalistas. A los casos de Valencia, Baleares o Cataluña, se suman Canarias y La Rioja, que ganan financiación. Cae sin embargo en Galicia, Castilla y León y también en Cantabria, cuyo presidente anuló a última hora el acuerdo para la investidura de Sánchez. También es cierto que comunidades gobernadas por el PP, como Madrid o Murcia, ganan algo más que en 2019.

Andalucía, es por tanto la comunidad más poblada, pero no la que más ingresa. El cálculo del Ministerio para las entregas a cuenta resulta también lesivo en cuanto a financiación per cápita, que cae un 0,7 por ciento. Las dudas agudizan los recelos políticos en la Junta sobre lo que puede ocurrir en el futuro cuando toque afrontar la reforma del actual modelo de financiación de las comunidades. En el Gobierno andaluz temen que los partidos catalanes y vascos que apoyaron la formación del Gobierno PSOE-Podemos quieran rentabilizar sus votos.

El actual modelo condenó a Andalucía a una infrafinanciación cifrada en 4.000 millones de euros anuales. Eso lastra la gestión de los servicios públicos. Sólo en el sistema sanitario, el agujero es de 3.000 millones. La cifra la firmó la propia ministra de Hacienda cuando era consejera de la Junta en la presidencia de Susana Díaz. Propuso al Parlamento andaluz un acuerdo para reivindicar esa cantidad al Gobierno de Rajoy. El PSOE jugaba sus cartas en la confrontación con el Gobierno central. Pero el entonces líder de la oposición, Juanma Moreno, contra pronóstico, decidió apoyar la iniciativa. Hoy las tornas han cambiado y Moreno sabe que tiene un as en la manga para jugar la partida.