Los errores del Gobierno andaluz del PSOE impiden recuperar subvenciones sin justificar de UGT

Cuando el fiel de balanza de la Justicia se inclina del lado de UGT-A es por culpa de los «defectos» formales en los que incurren los procedimientos administrativos que puso en marcha la anterior Consejería de Empleo para recuperar los fondos públicos. Los tribunales también censuran la «inactividad» de la Junta, en la etapa del PSOE, a la hora de verificar la relación de facturas y gastos endosados a las ayudas. Por estos motivos estiman los recursos presentados por el sindicato y devuelven el procedimiento a la casilla de salida.

A partir del año 2013, a remolque de las revelaciones de distintos medios de comunicación, entre ellos ABC, sobre una supuesta trama de facturas falsas en la UGT-A para desviar fondos públicos, los gobiernos de José Antonio Griñán y Susana Díaz empezaron a reclamar el dinero percibido. En una sentencia dictada el 26 de octubre pasado, la Sección Primera de lo Contencioso-Administrativo del TSJA da la razón al sindicato y anula el expediente de devolución de 375.981,79 euros correspondiente a una subvención nominativa concedida al amparo del VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía y destinada a financiar «acciones de promoción, información, formación de actividades propias» de la UGT-A en 2012.

La principal razón que esgrime es la «precaria motivación del expediente de reintegro» emitido por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio el 27 de noviembre de 2017, que colocó al sindicato en «una situación material de indefensión». El letrado jefe de la Asesoría Jurídica de la antigua Consejería de Economía abogó por llevar a cabo una «completa labor de comprobación» a fin de determinar los incumplimientos, refiere la sentencia. Al tribunal le « sorprende la ausencia a lo largo de todo el intrincado periplo administrativo de actuaciones comprobatorias por parte de la Intervención General de la Junta».

En una sentencia del 6 de noviembre pasado sobre otro reintegro de 184.464 euros impugnado por la UGT, la Sección de Refuerzo del TSJA llega a la misma conclusión: la «excesiva ambigüedad» y las «expresiones genéricas» empleadas en la resolución de reintegro impiden «conocer el exacto alcance de los diferentes incumplimientos» en la justificación de los fondos. Como consecuencia, condena a la Junta a pagar las costas y a iniciar un nuevo procedimiento detallando «los hechos generadores del reintegro».

Otras veces la balanza se inclina a favor de la Junta. La Sección Primera dictó otras dos sentencias el 4 de noviembre y el 11 de diciembre pasados desestimando los recursos del sindicato contra las devoluciones parciales de ayudas por importes de 112.202 y 703.718 euros, respectivamente. A diferencia de los casos anteriores, la sala sostiene que la Junta «mostró mayor celo en cumplir el deber de motivar el acto desfavorable para el sindicato» . En las hojas de gastos presentadas por éste «se recogen traslados a ciudades en fechas en las que no se desarrolla actividades» subvencionadas y otras que «en absoluto se justifican», detalla el tribunal en su primera resolución.

De una ayuda de 397.300 euros destinó 145.000 euros a la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa) , que gestiona el centro documental sobre negociación colectiva. El hecho de que dicha entidad esté vinculada a la UGT-A «no excusa la observancia de imperiosos deberes, como formalizar por escrito» las condiciones de esta subcontrata.

Entre las facturas endosadas a otra ayuda de la Junta para financiar al sindicato en 2011, se incluyó una de 23.476,91 euros de la «Asamblea de Delegados y Delegadas» reunida en Sevilla dicho año . «No consta la celebración de este evento en las memorias justificativa y económica de la UGT-A», alerta el tribunal, que le recuerda su «obligación» de justificar los fondos.

El sindicato alegó en sus recursos que había llevado a cabo «la totalidad de las actividades programadas», por lo que devolver el dinero generaría «un enriquecimiento injusto de la Administración». «No lleva razón» , señalan los jueces porque la resolución dictada por la actual Consejería de Empleo ajustó el importe a reintegrar a los incumplimientos.