«Enchufados» de la fundación Faffe siguen tramitando subvenciones «ilegalmente» tras el cambio de gobierno

Escoger este segundo camino agravaría el cuello de botella en la tramitación de las ayudas públicas y provocaría una paralización de la gestión, aseguran desde la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, por no hablar del elevado coste económico que acarrearía pagar sueldos a un personal ocioso , sin funciones asignadas.

El problema viene heredado del anterior Gobierno de Susana Díaz , que ya trató de buscarle un atajo legal más o menos airoso. Miguel Ángel Vázquez , antiguo portavoz del Ejecutivo socialista, expresó de forma muy gráfica en abril de 2016 sus planes sobre este personal: «No podemos permitir que haya personal mano sobre mano».

Para resolverlo, optó por asignar tareas a estos trabajadores que legalmente no podían ejecutar. La componenda o arreglo provisional ha sobrevivido al propio gobierno que lo creó . El problema persiste tras el recambio en la Junta de Andalucía.

Lo ha denunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) mediante un escrito enviado el pasado 5 de abril al actual director gerente del SAE, Miguel Ángel Terrero , en el que le insta a «adoptar las medidas urgentes para subsanar y eliminar dichas irregularidades y a que retire las funciones y competencias ilegalmente asignadas al personal de catálogo del SAE, personal procedente de la extinta Faffe, y que se las asigne a sus legítimos destinatarios, el personal funcionario de la Administración General de la Junta».

De lo contrario, dada «la gravedad de este asunto que podría dar lugar a un ilícito penal », el sindicato amenaza con «denunciar este incumplimiento en sede judicial», según la carta a la que ha tenido acceso ABC, que firma el responsable de la Administración General de la Junta de CSIF Sevilla, Rafael Martínez Blanco.

El sindicato sostiene que este personal laboral propio de catálogo no accedió a la Administración tras superar oposiciones y « siguen desempeñando potestades administrativas como son la tramitación y concesión de ayudas públicas», entre ellos el Bono Empleo Joven, que están destinadas a fomentar la inserción laboral de las nuevas generaciones, fuertemente golpeadas por el paro.

La CSIF recuerda que la anterior dirección de la agencia autonómica «ha hecho caso omiso» a los dos escritos que presentaron en mayo de 2017 y abril de 2018 alertando de estas «irregularidades». Apela al Tribunal Supremo, que en una sentencia del 29 de enero de 2019 concluyó que este personal « no puede intervenir en ninguna de las fases de la actividad subvencionadora ».

Pero sus funciones van más allá del simple papeleo. Según denuncia la CSIF, « este personal está utilizando programas informáticos de la Junta como, por ejemplo, la plataforma de tramitación w@nda, y el sistema GIRO». El sindicato alerta de que también hace consultas de vidas laborales de usuarios de las oficinas de empleo «mediante la utilización de claves de acceso, ya sea indebidamente concedidas o prestadas».

Desde la Consejería de Empleo son conscientes de esta situación pero esgrimen que retirar las tareas administrativas a este personal causaría «un perjuicio mayor» , hasta el punto de paralizar el funcionamiento de la Administración. Por esta razón, está estudiando convocar un proceso para regularizar a estos trabajadores.

Con la disolución de la Faffe en 2011, sus 1.500 empleados pasaron a convertirse en personal subrogado del SAE bajo el paraguas de la Ley de Reordenación del Sector Público , muy criticada por los sindicatos más beligerantes que la rebautizaron como «ley del enchufismo», ya que supuso la integración en la Administración autonómica de más de 20.000 trabajadores del entramado de empresas públicas.

Alberto Márquez , presidente del comité de empresa del SAEen Sevilla, insistió en la idea de que «somos trabajadores pasivos que fuimos subrogados de otras empresas o fundaciones» respetando los estatutos y al amparo de una ley de reordenación que fue avalada por el Tribunal Constitucional, que desestimó el recurso presentado por el PP contra la norma. En relación al escrito presentado por este sindicato, pese a no conocerlo, señala que « no es nadie CSIF para marcar las potestades administrativas , sino el empleador [SAE] quien debe definir las funciones».

Este representante del sindicato UGT atribuyó la denuncia de la CSIF a un intento por « buscar enfrentamientos entre trabajadores », cuando se está a las puertas de unas elecciones sindicales en el sector autonómico. «Somos los primeros interesados en que se aclaren nuestras funciones; no pretendemos realizar funciones propias de los funcionarios», concluyó Márquez.