La Diputación de Huelva subvencionó 35 obras que no se hicieron

La investigación sitúa el epicentro del caso en la oficina del programa de empleo agrario -antiguo PER, que ahora se denomina PFEA- que la Diputación abrió en la localidad de Galaroza . Allí se gestionaron casi todas las contrataciones del personal que tenía que visar los proyectos subvencionados y que, según las pesquisas, encadenaron sus contratos durante 13 años seguidos a pesar de que por ley había que sacar convocatorias anuales. El alcalde de este municipio de la sierra, el socialista Antonio Sosa , explicó ayer a ABC que «el Ayuntamiento no tiene nada que ver en esto, no tiene ninguna relación porque esa oficina era de la Diputación». Concretamente, lo que hacía la institución presidida por el secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo , en este punto era tramitar las ayudas para toda esa comarca. Se trataba de subvenciones que solicitaba el propio presidente y que luego firmaba su diputado de Personal, José Martín , que es el principal investigado hasta el momento. La casuística es muy variada. En la localidad de Campofrío , por ejemplo, se subvencionó la construcción de un centro cívico que se construyó sólo a medias. De hecho, se abrió sin certificado final de obra. Según la investigación llevada a cabo allí, parte del dinero pudo ir a parar a contratar una cuadrilla de barrenderos que adecentaron las calles del municipio en las jornadas previas a las elecciones de 2011. Además, el técnico que hizo el proyecto fue recomendado por la Diputación porque Campofrío no tenía personal propio para hacer esa labor. En 2014, ese arquitecto fue designado candidato del PSOE en Riotinto .

Otro caso llamativo que consta en las diligencias es el de Lucena del Puerto, donde se subvencionó dos años seguidos una obra para reformar la misma calle. Pero el municipio donde mayor despliegue hizo la Diputación fue Cañaveral de León . El PFEA otorgó allí varias subvenciones a un mismo proyecto, un pabellón municipal, que ya había sido subvencionado por la Consejería de Turismo. Sin embargo, el pabellón está inutilizado en estos momentos porque la obra nunca se llegó a terminar a pesar de que el dinero le llegó por varias vías. La actual alcaldesa de este pueblo de la sierra, la independiente Mercedes Gordo , explicó ayer a este periódico que «una de las cosas que nos dejó el PSOE encima de la mesa fue un expediente de reintegro de la subvención del pabellón. Lo pusimos en conocimiento de los servicios jurídicos de la Diputación para que nos defendieran y entonces nos enteramos de que la policía judicial había reclamado el expediente». La alcaldesa recurrió el reintegro en los tribunales y ganó, pero «sí es cierto que el pabellón está sin terminar y no tenemos recursos». Gordo relató que «la policía judicial nos ha pedido en varias ocasiones documentación, ha habido técnicos que han tenido que ir a declarar y sabemos que supuestamente los trabajadores tenían que estar en un lugar de trabajo distinto al proyecto subvencionado prestando otros servicios para el Ayuntamiento». El uso electoral de estos recursos es la clave de todo este entramado.