Desconcierto de los abogados ante la presión de la juez Núñez a una testigo en el caso Faffe

La testigo había dejado claro que los agentes fueron cordiales con ella y que se leyó el acta de la declaración y la firmó. Ante la insistencia de Núñez para hacerle dudar de su ratificación , los abogados le indicaron que no procedía volver a preguntar lo mismo cuando el dispositivo de grabación audiovisual estaba apagado y, por tanto, la declaración había finalizado. Se trata de una cuestión crucial. La grabación es el medio que utiliza esta juez para documentar las declaraciones sumariales que sirven como prueba en las causas. Lo que no aparece en ellas, es como si no existiera para el sumario.

Ante la advertencia de la letrada del PP Lourdes Fuster y de otras partes presentes en la declaración, la juez optó por invitar a salir de la sala a la testigo M.R.A.G. para hablar en privado con ella, sin que las partes estuvieran presentes y dejando a más de uno con la palabra en la boca.

Distintas fuentes jurídicas consultadas por ABC aseguraron que «jamás» en sus años de carrera habían visto una actuación similar y puntualizaron que lo que no se recoge documentalmente no tiene ningún valor para la causa. A juicio de otro letrado consultado, este proceder «no tiene las garantías procesales necesarias sin que el secretario judicial levante acta» de la declaración.

¿Qué provocó esta reacción de la instructora de los sumarios de los ERE, Formación, Faffe o Avales de la Agencia IDEA ? La discordia surgió por una declaración que prestó el 28 de julio de 2015 ante la Guardia Civil de Sevilla una extrabajadora de la Faffe, una fundación de la Junta de Andalucía ya extinta que se dedicaba a dar cursos de formación para desempleados que se financiaba con subvenciones.

La Fiscalía, la Guardia Civil y la juez investigan el supuesto desvío de fondos públicos por parte de este ente dependiente de la Consejería de Empleo, cuyo personal se integró en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en mayo de 2011 al amparo de la reordenación del sector público llevada a cabo por el Gobierno de José Antonio Griñán . La ronda de citaciones de testigos y del exdirector de la Faffe en el juzgado se inscriben dentro de dos piezas separadas del caso Faffe centradas en dos exalcaldes del PSOE enchufados en la fundación que se dedicaban a dormir y a leer la prensa durante su horario de trabajo o que ni siquiera acudían a la sede autonómica, según varios testigos.

En su declaración policial, la testigo M.R.A.G. declaró que Francisco Aguilera Acevedo , exregidor de la localidad sevillana de Montellano, fue contratado entre 2004 y 2005 como técnico y «se rumoreaba que carecía de estudios superiores». Aguilera, que actualmente sigue en nómina del SAE, fue adscrito a la Dirección de Estructuras Permanentes y de Servicios de la fundación. Relató a los agentes que uno de sus jefes le encomendó que «diera trabajo» al expolítico local, lo que la manifestante interpretó como «una imposición que venía de arriba».

En el acta de la declaración ratificada por la testigo en el juzgado, ésta aseguró que Francisco Aguilera , que está investigado en esta causa, no realizaba el mismo trabajo que el resto de técnicos, ya que por su nivel profesional se encontraba limitado». Sus conocimientos informáticos eran tan escasos que «no sabía» usar el ratón del ordenador. Por esta razón, «realizaba un trabajo de carácter marginal y resultaba ser una persona falta de iniciativa, si bien acudía a su lugar de trabajo a diario», puntualiza. Cobraba, eso sí, religiosamente 2.200 euros de salario, según otros testigos.

Más grave es el caso de Antonio Torres García , ex alcalde de Lebrija durante 24 años, que estuvo a sueldo de la fundación pública cinco años sin ir a trabajar a la sede de la entidad pública. La Guardia Civil preguntó a la citada testigo por este ex regidor socialista. M.R.A.G. contó a los investigadores que lo conoció en el año 2010 cuando se lo presentaron para hacer un proyecto común de investigación para el Instituto Universitario Europeo presidido por el actual ministro de Asuntos Exteriores Josep Borrell . Le llamó la atención que tuviera un puesto directivo que no conocía nadie. Al consultar a su jefe, éste le dijo que «mejor no preguntara». A la testigo no le constaba que Antonio Torres, que también está imputado, tuviera «ningún lugar de trabajo» en el edificio Galia, en el Puerto de Sevilla.

No fue la única declaración comprometedora que hizo esta extrabajadora. Contó que Raúl Perales , exdirector del Instituto Andaluz de Juventud y de Comercio de la Junta, también trabajaba en la Faffe.

Tras sacar a la testigo de la sala para conversar en privado con ella, la juez regresó a la sala para continuar con las testificales. Tras otra declaración, al hilo de los comentarios que se estaban haciendo, la letrada del PP, que ejerce la acusación popular, le preguntó si se estaban valorando pruebas, como los atestados de la Guardia Civil, con los micrófonos apagados .

La juez comentó que ella habla con los testigos «antes y después» de las declaraciones judiciales. La juez no sólo reivindicó de palabra su derecho a entrevistarse con los testigos al margen de las partes, sino que lo puso en práctica ante el desconcierto de las mismas.