La Defensora del Pueblo estudiará la desigualdad en el impuesto de sucesiones en Andalucía

Una de las cuestiones que más ha interesado a la Defensora del Pueblo es la fórmula que emplean las administraciones para calcular la cuantía del impuesto a la hora de valorar los bienes inmuebles y que difiere con respecto al valor real de mercado de los mismos, según la queja de la plataforma.

Los representantes de las asociaciones le han entregado más de 333.000 firmas pidiendo la previa bonificación del 99%, y la posterior supresión de este «voraz e injusto» tributo que «tanto perjudica a las economías familiares», según ha declarado el presidente de la asociación andaluza, Juan Carlos Valverde.

Durante el encuentro, el presidente de la plataforma, Juan Carlos Valverde, ha insistido en que «se están produciendo circunstancias familiares de verdadera ruina, y drama social, porque los herederos no pueden asumir el desproporcionado coste del impuesto ». Asimismo, ha lamentado que «este impuesto se ceba con los trabajadores y ahorradores, no con las grandes fortunas que disponen de resortes para solventar su pago».

En la petición de amparo a la Defensora del Pueblo, la Asociación STOP Impuesto Sucesiones recuerda que «la dispersión normativa y la proliferación de legislaciones fiscales dispares por las comunidades autónomas, así como regímenes de bonificaciones distintos según la parte del territorio español en que se resida , está generando graves discriminaciones entre los españoles por razón del territorio, prohibidas por el articulo 139 de la Constitución Española, que establece que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado».

STOP Impuesto Sucesiones ha denunciado ante la Defensora del Pueblo que los andaluces, asturianos y aragoneses, además de los extremeños, padecen un trato «discriminatorio y vejatorio» con respecto a otras Comunidades Autónomas , donde el impuesto de Sucesiones y Donaciones es sensiblemente inferior o está prácticamente eliminado, señala el comunicado de prensa.

En la actualidad, las desigualdades por el cobro del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, cedido por el Gobierno Central a las autonomías , se han acentuado de tal forma que en regiones como Madrid se paga por heredar de los familiares directos cien veces menos que en las CCAA señaladas. O, como sucede en Canarias, mil veces menos.

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en su memoria de 2016, ya advirtió a la Consejería de la Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, sobre las valoraciones de las herencias para cuantificar el Impuesto de Sucesiones . En su escrito, recoge también la Defensora que la Junta de Andalucía hizo caso omiso a sus recomendaciones.

De otro lado, el que fuera también Defensor del Pueblo nacional entre 2000 y 2010, Enrique Múgica, emitió en 2003 un comunicado oficial pidiendo la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en toda España por considerar que vulneraba los principios tributarios básicos del Artículo 31 de la Constitución.