El Defensor del Pueblo defiende que la inmigración es la solución a la falta de natalidad en España

«España tiene un problema muy importante en materia de población, no nacen niños. La población no autóctona vive un proceso fuerte de regresión. La natalidad baja y la esperanza de vida se eleva. Esto lo cubren los extranjeros y ese es un tema que convendría tratarlo con tranquilidad», ha afirmado en el acto de celebración del 41 aniversario de la Constitución Española en Málaga, donde también ha participado la subdelegada del Gobierno en la provincia, María Gámez.

Fernández Marugán ha indicado que el Defensor del Pueblo ha hecho dos informes al respecto, y «ahora mismo está en fase de elaboración un tercero, que trata de averiguar en qué medida el proceso migratorio genera beneficios o costes ».

«Siempre hemos creído que el país receptor salía ganando. Yo creo que España salía ganando, pero es bueno poder medirlo, saberlo, aunque solo sea para que el debate parlamentario se maneje con rigor», ha apuntado, a lo que ha añadido que la discusión en el Congreso «se hizo mejor en otras épocas que en esta". Por tanto, "si hay que tratar de darle solidez , el Defensor del Pueblo va a tratar de contribuir», ha puntualizado.

Por otro lado, ha señalado que los españoles «se quejan un poquito de la educación, un poquito más de la sanidad » y de los servicios en general, los cuales sufrieron recortes con la crisis. 2Alguna vez saldremos de estos avatares del rigor de la política económica y volveremos a tener alguna posibilidad de gastar más en educación, en sanidad o en infraestructuras , creo que las cosas deberían ser así», ha remarcado.

Se queja la gente menos de lo que decimos. Este año andaremos por 25.000, que no son pocas, pero cuando las cosas territoriales se pusieron tensas alguien pidió que le llegaran quejas por el uso de la lengua, a él le llegaron 50, a mí 28. Los españoles se quejan por otros temas.

Así, ha señalado que «por delante tenemos: hacer un ejercicio serio de aproximarnos al ciudadano . Aquí hay gente que tiene problemas, con dificultades, y se quejan que esos servicios que les ayudarían a elevar su nivel de renta disponible no están suficientemente dotados».

2Por tanto, el defensor del pueblo tendría que hacer un esfuerzo superior al que hace, pero tendría que hacer un esfuerzo para llegar con la problemática de esas mujeres y hombres a las instituciones españolas», ha explicado al respecto.

En esta línea, ha indicado que «el mundo económico se ha hecho muy complejo y hoy uno tiene la sensación de que la relación bilateral funciona, pero no es menos cierto que hoy en día hay un número importante de relaciones que se hacen desde lo público a través de mecanismos privados». A esto ha añadido que las empresas públicas «funcionan con la lógica del mercado».

«En algunos casos hemos sido celosos de cómo funcionan determinadas empresas. Por ejemplo, los servicios eléctricos en algunas zonas del norte de España han funcionado con deficiencia, y entonces aquí tenemos un problema», ha señalado.

Sobre esta cuestión ha explicado que cuando se dirigen a las empresas para comprobar los mecanismos de mejora y corrección que han implementado, éstas les pueden decir que el Defensor "no está legitimado para eso, porque trabaja en el mundo de lo público", aunque ha resaltado que «no lo han hecho nunca y no lo van a hacer», pues para evitar esa situación recurre el Defensor al regulador. «Es lento, pero funciona».

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, ha resaltado este durante el acto «la obligación» de todos los demócratas de «combatir la desinformación, la noticias falsas y las mentiras» para preservar los derechos y las libertades que consagra nuestra Ley Fundamental.

«Tan peligroso resulta limitar y atentar contra la libertad de expresión e información, como blandirla y utilizarla para desinformar», ha subrayado la subdelegada, que ha añadido que «el objetivo de quienes hacen una cosa o la otra es siempre la misma: desinformar, desestabilizar y atentar contra la salud de nuestra democracia».

Gámez ha recordado que la respuesta a «las falsedades» se encuentran en el propio artículo 20 de la Constitución Española, que ampara la libertad para « difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones» , pero que "también establece dónde está su límite: en los derechos fundamentales y en la veracidad", ha resaltado.

«Nuestros derechos y libertades son el mayor tesoro que tenemos como sociedad democrática y no podemos permitir elementos desestabilizadores que ataquen nuestros valores y nos retrotraigan a tiempos pasados y oscuros», ha alertado Gámez.