Las defensas protestan contra los peritos que culpan al Gobierno andaluz del «sistema perverso» del caso ERE

La reacción airada de los abogados de la bancada de la defensa se produjo justo después de que el jefe del equipo de la IGAE, Ángel Turrión, afirmara que la Junta de Andalucía pudo corregir «el perverso sistema de los ERE» que tuvo «efectos indeseados» , basado en el uso inadecuado de una figura, las transferencias de financiación, que no podía utilizarse para pagar subvenciones a prejubilados y empresas en crisis, como se hizo, sino para cubrir las pérdidas del ente público que pagaba las ayudas, la agencia IFA/IDEA.

Este sistema, que consistía en que la Consejería de Empleo concedía las ayudas, y el IFA/IDEA las abonaba, provocaba que el destino del dinero « quedaba al margen del control previo de la Intervención de la Junta de Andalucía », ha indicado el perito judicial amparándose en tres sentencias dictadas por el Tribunal de Cuentas que ponían de manifiesto el uso inadecuado de las transferencias de financiación.

Es más, Turrión, autor junto con otros tres peritos del Estado de 275 informes periciales del caso ERE, ha declarado que entre 2002 y 2009 «la Junta de Andalucía tuvo la posibilidad» de realizar una modificación presupuestaria para « disponer del sistema adecuado » y «no lo hizo».

La larga intervención del perito del Estado, en la que enumeró más de 40 leyes que determinaban cómo se podían usar las transferencias de financiación, incomodó a algunas defensas, que no dudaron en tomar la palabra en la sala para expresar su protesta.

La iniciativa partió de Pedro Apalategui, abogado del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, quien advirtió de que la prueba practicada por los peritos del Estado « excede de una pericial para convertirse en casi en un informe de parte, de parte de la acusación».

A esta protesta se han adherido los abogados que defienden al exconsejero de Innovación Francisco Vallejo; el exviceconsejero de Hacienda José Salgueiro; el expresidente José Antonio Griñán ; el exdirector general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano; el exsecretario general técnico de Empleo Francisco Javier Aguado, y el exviceconsejero de Empleo Jesús María Rodríguez Román.

Juan Zornoza, perito de parte de Griñán y Lozano, ha expresado su desacuerdo con el interventor del Estado al asegurar que hubo un uso inadecuado de las transferencias de financiación pero no una presupuestación incorrecta de estos fondos dado que el legislador, es decir, el Parlamento andaluz, «es el que decide el destino del gasto».

En respuesta a Turrión, Zornoza replicó que «ya puede citar usted tres millones de disposiciones legales , que es la Ley General de Presupuestos de la Junta de Andalucía la que decide el destino de las transferencias» ateniéndose a lo que establecen el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española.