Un defecto formal amenaza con dejar impune la pérdida de los 44 millones que la Junta dio a Isofotón

El último préstamo de 8,39 millones, que nunca devolvió, lo había recibido justo un mes antes de que la actual vicepresidenta cuarta del Gobierno de Pedro Sánchez y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, entrara a trabajar como directora general de Desarrollo Estratégico de la empresa de energía fotovoltaica. La investigación judicial trata de determinar si la Junta ‘regó’ con ayudas millonarias a la empresa a sabiendas de que estaba abocada al cierre y despido de su plantilla de 702 trabajadores.

Abogados de los 37 antiguos altos cargos y responsables autonómicos –investigados por su «connivencia» con los directivos de Isofotón para la concesión de ayudas– han pedido el sobreseimiento de la causa en un recurso que debe resolver la Audiencia Provincial de Sevilla. Alegan que la causa lleva tres años caducada porque la juez de Instrucción número 3 de Sevilla acordó prorrogar la investigación fuera del plazo a petición de la Fiscalía.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy que entró en vigor el 6 de diciembre de 2015 limita desde entonces a 18 meses, prorrogables por otros 18, el tiempo para finalizar aquellas investigaciones declaradas complejas como son los casos de corrupción, siempre que el fiscal lo pida.

Según el recurso presentado hace un año por el letrado Juan Carlos Alférez, al que se han adherido el resto de abogados defensores, tres de las cuatro prórrogas acordadas por la juez Patricia Fernández Franco se realizaron tarde. A quienes defienden que la causa estaría caducada les ha salido un aliado inesperado: el Tribunal Supremo. El 27 de mayo de 2021, dictó una sentencia por una cuestión similar que avala su tesis y que ha sido aportada a la sala de la Audiencia que debe desenredar este galimatías . En dicha resolución, estipula que «el exceso y superación del plazo sin prórroga acordada dentro de él determina la nulidad de las diligencias llevadas a cabo y todo lo que de ello se deriva». De acordarse nuevas pesquisas de forma extemporánea, «ello conlleva indefensión material del investigado, no sólo indefensión formal».

Lo llamativo es que no sólo los abogados de los imputados consideran que la causa tiene los días contados por un defecto formal. Otras partes del proceso, con intereses divergentes, comparten esta inquietud. Tras la sentencia del Supremo, entienden que el archivo va a ser inevitable y, con ello, la impunidad de los supuestos delitos continuados de malversación, prevaricación y falsedad en documento público que la magistrada aprecia en la actuación de los altos cargos y ex responsables de la malograda compañía.

En su recurso, el letrado esgrime que «lo que choca frontalmente con la norma es dictar autos de prórrogas de la instrucción cuando ésta ya ha caducado , especialmente en el caso analizado, donde incluso todas las peticiones de prórroga del Ministerio Fiscal están presentadas fuera de plazo». Amparándose en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, impugna los autos dictados para extender el tiempo de la investigación con posterioridad al 6 de junio de 2017, «sin posibilidad de poder practicarse más actos de instrucción ni práctica de diligencias», precisa. Insta a la Audiencia a anular todas las pesquisas posteriores a dicha fecha de caducidad y a dar carpetazo a la causa «por la clara indefensión producida» a los imputados que, a su juicio, fueron investigados basándose en «erróneas tesis acusatorias».

La Audiencia Provincial de Sevilla tendrá la última palabra. El abogado le ha recordado recientemente que está pendiente de resolver el recurso. La Fiscalía Anticorrupción sí aprecia pruebas documentales, técnicas y jurídicas que avalan los indicios delictivos y una « n egligencia grave rayana en la intención » en la concesión del último préstamo de 8,39 millones de euros en favor de Isofotón en agosto de 2012 por parte de la Sociedad para la Promoción y Reconversión de Andalucía (Soprea), empresa autonómica perteneciente a la Agencia IDEA.

Pese a «los incumplimientos existentes en las ayudas otorgadas con anterioridad por IDEA» y a despecho de las sombras financieras que rodeaban a Isofotón, Soprea le prestó 8,4 millones de fondos públicos « con la finalidad de permitir el reintegro de un préstamo anterior » otorgado por la Junta, según detalla la Fiscalía. La cuantía del crédito público (8.395.845,81 euros) coincide hasta en los céntimos con la que le reclamaba la Administración con intereses por ayudas concedidas en 2007 que aún no había justificado. Nunca se supo dónde fue a parar el dinero. Lo que sí se sabe es que no sirvió para mantener a sus 702 trabajadores, como había prometido.

La última de las ayudas llegó cuando las cuentas de la empresa ya hacían aguas por todos lados. El préstamo de 8,4 millones fue autorizado por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de la Junta en la que tomaron parte María Jesús Montero y Luis Planas , actuales ministros de Hacienda y Agricultura, respectivamente, como miembros del Ejecutivo regional presidido por José Antonio Griñán , según el acta de la reunión celebrada el 3 de julio de 2012.

Ninguno de los dos está investigado en esta causa. Tampoco Teresa Ribera , que fue fichada como directiva para la expansión internacional de la compañía un mes después de recibir el crédito que nunca se devolvió. La misión de la actual vicepresidenta cuarta del Gobierno en Isofotón, donde estuvo trabajando entre septiembre de 2012 y mayo de 2013, era impulsar su expansión internacional. Acababa de firmar un contrato con la multinacional coreana Samsung para el suministro e instalación de placas solares.

Justamente, el préstamo estaba destinado a financiar dicho proyecto estratégico. Pero el 18 de octubre de 2012, Samsung rescindió el contrato y devolvió a la firma malagueña 4 millones de euros que ésta había adelantado y que Isofotón no reintegró a Soprea. En febrero de 2013, seis meses después de recibir el crédito público, Isofotón presentó un preconcurso de acreedores.