Las cuentas pendientes de los Cañamero con la Justicia

Junto a varios miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), los familiares del diputado «jornalero» han desfilado por el juzgado para declarar como investigados (la nueva denominación de imputados) por el supuesto incumplimiento de los servicios mínimos fijados para una huelga indefinida en el servicio de limpieza que dejó al municipio sevillano con montones de basuras tirados en las calles durante 71 días a principios de 2013.

Hubo altercados. Los sindicalistas tendieron una emboscada a un convoy de camiones enviado por la Empresa Pública de Transformación Agraria (Tragsa) después de que la Junta declarara por primera vez una situación de riesgo sanitario por la acumulación de basura.

Cañamero, entonces portavoz del sindicato, que se ha declarado «insumiso judicial», acudió al juzgado en octubre de 2013 bajo una orden de arresto, pero declinó responder a las preguntas de la juez. Desde entonces hasta ahora, las diligencias previas están paradas, a la espera de que la Fiscalía de Dos Hermanas mueva ficha.La investigación está pendiente de que el Ministerio Público confirme o no los supuestos delitos y el grado de participación de los investigados.

La juez lleva más de un año aguardando. En manos de la Fiscalía está que la instructora decrete el auto de procesamiento, previo a la apertura de juicio oral , que el asunto quede relegado a un mero juicio de faltas o, por el contrario, sea archivado. El diputado Cañamero, que ahora está aforado, podría enfrentarse al banquillo. Aunque ha firmado ante notario su renuncia al aforamiento, está por ver la efectividad de este gesto.

El juzgado examina en su actuación supuestos delitos contra la salud pública, contra los derechos a los trabajadores y obstrucción a la autoridad. Durante la instrucción, abierta tras unas denuncia promovida por el Ayuntamiento de El Coronil y la Guardia Civil, testificaron en el juzgado policías locales y trabajadores del servicio municipal de limpieza.

Los empleados públicos, apoyados por el SAT, decretaron una huelga indefinida para mostrar su desacuerdo por la supresión de la bolsa de trabajo de la que se nutría el Ayuntamiento para hacer sus contratos. Aquella decisión provocó un enconado conflicto que hizo saltar chispas entre el Consistorio, entonces gobernado por el PSOE, y la organización sindical liderada por Diego Cañamero. Tras 71 días de huelga, ambas partes sellaron la paz con un acuerdo que garantizaba 600 jornales mínimos al año , dotados con fondos municipales, para la bolsa de peones de camiones de la basura.

Irene Lara Cañamero , concejala de Seguridad y abogada del SAT, defiende que los servicios mínimos no se vulneraron y que la bolsa de trabajo fue reactivada con mejores condiciones. Aclara que ella está investigada por «formar parte del comité de huelga», pero no participó en los piquetes».