Andalucía plantea llevar al Constitucional el trato desigual de la renta mínima

Pero aún le ha chirriado más la explicación que ha dado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá , para justificar el último privilegio económico otorgado a los territorios forales. «Muchas» comunidades «no han demostrado ser muy eficaces» a la hora de gestionar rentas para combatir la pobreza, proclamó Escrivá, ensanchando aún más el sentimiento de agravio . Andalucía gestiona desde 2018 su propia renta mínima de inserción social, como se llama aquí, que ha beneficiado ya a 54.971 personas.

El desaire del ministro tuvo ayer doble réplica en el Gobierno andaluz, que lo ve como otro ejemplo de trato discriminatorio y estudia denunciarlo ante el Tribunal Constitucional, a pesar de que comparte el fondo de la medida. El presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), contestó que «Andalucía está perfectamente preparada» porque lleva «casi 30 años gestionando servicios sociales y tiene capacidad técnica y solvencia» para hacerlo. Aseguró que «no puede haber privilegios en materia de gestión de unas comunidades sobre otras» y enmarcó el «trato de favor» en la posición de ventaja que el PNV y EH Bildu está obteniendo de la debilidad parlamentaria del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos , que precisa sus votos para prorrogar el estado de alarma o aprobar sus primeros presupuestos, cuando los presente.

No sería la primera vez que atiende sus reclamaciones. En febrero, poco antes de que el Ejecutivo impusiera el mando único por la pandemia, ya asumió los riesgos de fragmentar la Seguridad Social para la igualdad de todos los españoles al transferirle al País Vasco la gestión de las pensiones , una condición que pusieron los nacionalistas para apoyar la investidura del candidato Pedro Sánchez.

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Ciudadanos), fue un paso más lejos y amenazó con llevar la posible regulación estatal del IMV ante el Tribunal Constitucional. «No sabemos hasta qué punto entra en competencia desleal con las comunidades autónomas», aventuró. En su intervención en los desayunos informativos de Europa Press en Sevilla, Marín exigió para Andalucía «el mismo trato» que a los territorios forales. «No creo que Navarra o País Vasco sean más inteligentes». «Si tenemos que recurrirlo, lo haremos, igual que hemos hecho con los 537 millones» de la liquidación del IVA de 2017 que el Estado aún sigue sin abonar a la Junta de Andalucía, dijo.

Para mitigar las susceptibilidades provocadas por las prisas del Gobierno para aprobarlo y dar un golpe de efecto con que contrarrestar el desgaste de su gestión, el decreto ley abre la puerta a que el Instituto Nacional de Seguridad Social, que se encarga de reconocer y controlar la prestación, suscriba convenios con otras comunidades a partir de 2021. Pero no deja de ser una cuestión «en estudio». Lo único tangible sobre el papel es que vascos y navarros van a poder administrar estos recursos , mientras que el resto dependerá de la voluntad del Estado.

La «desescalada» muestra más asimetrías que un cuadro de Picasso. El Ministerio de Sanidad atendió la petición del País Vasco de autorizar los movimientos entre provincias o «territorios históricos» que en Andalucía no se han cansado de reclamar.

La Junta no es la única que ha alzado la voz contra este trato. El presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, se ha mostrado «en absoluto desacuerdo» con «los privilegios cedidos al País Vasco para contentar al PNV», renta mínima incluida, un discurso que contrasta con el que lanzaban ayer desde la dirección de Susana Díaz, alineada ahora con Sánchez. Pasando de puntillas por la nueva prerrogativa foral, el portavoz adjunto del PSOE andaluz, Manuel Jiménez Barrios, pidió a la Junta que «no torpedee una actuación tan importante», defendió que la gestión recalara en los ayuntamientos –donde los socialistas son hegemónicos– y criticaba que la renta mínima de inserción andaluza «sólo soluciona el problema a 11.300 familias aproximadamente».

Entraba en este punto en un terreno pantanoso porque fue una iniciativa creada en 2018 por el anterior gobierno socialista. Debido a la precipitación con que se puso en marcha y la falta de un sistema informático adecuado, se produjo una lista de espera tan abulada que la anterior consejera de Igualdad acabó admitiendo «errores» en su tramitación. Nada más aterrizar, la nueva consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz (Cs), impulsó una serie de cambios para resolver el atasco, como contratar a 1.260 efectivos, y aprobar otras demandas de oficio para evitar que quedaran excluidos colectivos como las víctimas de violencia machista.

Al cierre de 2019, según los datos de la Consejería, se han presentado 49.876 solicitudes, se han resuelto 42.420 y concedido 19.897. Aparte, se ha extendido esta ayuda urgente a familias afectadas por la crisis del Covid-19.

El ingreso mínimo vital (desde 461,50 a 1.015 euros) es compatible y complementario con la renta autonómica (de 420 a 780 euros) y con otros subsidios, como el agrario (que percibieron 6.564 andaluces en marzo), siempre que las familias no rebasen un tope de ingresos. Desde la consejería de Rocío Ruiz echan en falta que su percepción se vincule al cumplimiento de unos itinerarios de inserción laboral, como sucede con la renta autonómica, para evitar que sus receptores caigan en la tentación de dejar de buscar trabajo. Están dispuestos a completar con sus recursos el IMV.