El caos jurídico crea agravios entre pueblos de Andalucía con alta tasa de Covid

Se han cumplido los temores de los juristas y las comunidades autónomas. Acabado el estado de alarma el 9 de mayo pasado se han producido las primeras discrepancias en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre los cierres perimetrales acordados por la Junta.

El tribunal andaluz toma decisiones discrepantes sobre situaciones epidemiológicas similares. Las Secciones Primera y Tercera de la Salas de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, a través de dos autos dictados el 11 de mayo pasado, consideran que la medida de salud pública es «proporcional» y que «debe prevalecer el derecho a la salud ante el alto poder de contagio», por lo que permite que se cierren perimetralmente desde el 9 al 15 de mayo los municipios de Bornos, Villamartín y Castro del Río. Sin embargo, en el caso de Montefrío, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Granada ha decidido no ratificar la medida en otro auto del día 10 de mayo.

Esta última sala deniega el confinamiento de Montefrío porque, a su juicio, «se está imponiendo una restricción indiscriminada de un derecho fundamental, dejando a ese más del 10% de la población sin posibilidad de desplazamientos». En su resolución avisaba de «la imposibilidad» de limitar el derecho de circulación «en ausencia de estado de excepción, sitio o alarma».

Sin embargo, la Fiscalía Superior de Andalucía, coordinada desde las sedes de Granada y Sevilla, emitió dictámenes favorables al cierre de los cuatro municipios. Argumentaba que la medida autonómica cuenta con «la habilitacion legal suficiente y resulta proporcionada a la compleja situación de riesgo sanitario para la ciudadanía».

Para salir de este atolladero jurídico, el Gobierno andaluz va a recurrir al Tribunal Supremo en busca de un criterio único ya que entiende que se está poniendo en riesgo la salud de los andaluces. Así lo anunció ayer el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, quien censuró duramente a Pedro Sánchez por su gestión de la pandemia. «Ha subcontratado la gestión de la pandemia en los tribunales de Justicia. Sánchez ha optado por judicializar la vuelta a la normalidad», dijo, además de afirmar que las comunidades autónomas están luchando contra el coronavirus «con una mano atada a la espalda».

El Gobierno andaluz reclama la convocatoria de una Conferencia de Presidentes, que ayer volvió a pedir Elías Bendodo , para tratar de resolver todos estos problemas que, por otra parte, ya venían anunciando los presidentes autonómicos. Se abre un período de incertidumbre también para los ciudadanos que desconocen exactamente el detalle de las restricciones que les afectan

Las discrepancias dentro del Alto Tribunal andaluz se repite también entre los diferentes órganos de las comunidades autónomas. Así, mientras en el País Vasco, Navarra o Valencia se impide el toque de queda, sí se permite en Baleares.

Con este panorama, el mensaje de todos los miembros del Gobierno andaluz era el mismo. «Hemos pasado del estado de alarma al estado de confusión», escribía el presidente andaluz en Twitter. El vicepresidente, Juan Marín, abundaba en la idea: «Este es el caos que Pedro Sánchez está sembrando en nuestro país por no hacer su trabajo a tiempo. Le dijimos que necesitábamos mecanismos legales y seguridad jurídica, pero le preocupaban más las elecciones que los españoles».

Junto a la crítica política y las demandas de una estrategia conjunta para todas las comunidades autónomas, el portavoz del Gobierno andaluz mostraba la preocupación del Ejecutivo por la situación actual y «no descarta endurecer las medidas si hay nuevos repuntes». Por el momento, la Junta mantiene sus planes de desescalada, al menos hasta el 21 de junio, cuando se reunirá el comité de expertos para dar el siguiente paso, en la fase de estabilización. Eso, siempre y cuando no haya repuntes y sea necesario volver atrás. «Las imágenes de este fin de semana no son responsables. Es el camino equivocado porque los excesos se pueden convertir en muerte».