Andalucía pide autorización judicial para obligar a hacer PCR a trabajadores de residencias de mayores

Desde la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios se ha mandado esta semana una circular a los distritos de Atención Primaria y Áreas Sanitarias en la que informa de que «en los últimos días se están produciendo rechazos a la realización de PDIA de cribado por parte de algunos trabajadores en los centros residenciales de personas mayores y grandes dependientes». Por ahora se han localizado tres casos en la provincia de Huelva, pero se temen que afloren más.

En la misiva, a la que ha accedido ABC, se insta a los directores gerentes de los distritos sanitarios a ponerse en contacto con las residencias para que remitan «a la mayor brevedad posible» una información detallada sobre la identidad de los cuidadores que han rehusado someterse a los test y el centro al que pertenecen. «Desde la Viceconsejería de Salud y Familias se ha decidido solicitar autorización judicial para todos aquellos casos de rechazo a la realización de la PDIA de cribado establecida», anuncia la instrucción interna. Esta información será enviada a la citada dirección general a través de la enfermera gestora de casos de cada provincia andaluza.

Esta medida llega después de que el Gobierno andaluz haya endurecido la vigilancia en los centros de mayores, de salud mental y de discapacidad ante el aumento de brotes en las últimas semanas. En la actualidad se han registrado 621 positivos entre residentes . Aunque la mayoría cursa la enfermedad de forma leve gracias al escudo protector de la vacuna, a veces el Covid se convierte en una trampa mortal.

Para salvaguardar a las personas vulnerables que viven en residencias, muchos de ellos dependientes, enfermos crónicos y pluripatológicos , desde ayer todos los trabajadores vacunados deben someterse a pruebas cada dos semanas y aquellos que no tengan ninguna dosis lo harán dos veces a la semana, tal y como acordó el Comité de Expertos.

Sin embargo, «nos hemos encontrado con algunos de ellos que no solamente no se vacunan sino que se niegan a hacerse las pruebas . Hemos tenido que pedir autorización judicial para obligarlos», avanzó el director general de Cuidados Sociosanitarios de la Junta, José Repiso , en una entrevista concedida a ABC que se publicará este fin de semana. «No podemos ser permisivos con la gente que cuida a los más vulnerables», se justificó este responsable, que defiende llevar a cabo cambios normativos para el control del personal de estos centros que sigue sin vacunar.

En Andalucía se han negado a inmunizarse 1.009 trabajadores, el 2,7% de la plantilla de las 1.107 residencias de la región . Entre los 42.000 usuarios de los centros sociosanitarios el porcentaje baja al 1,1%. Sólo 473 han renunciado a pincharse.

A despecho de las lagunas jurídicas, la Junta de Andalucía no tira la toalla y persiste en la vía judicial después de que el Tribunal Supremo desestimara ayer el recurso presentado por Castilla-La Mancha para hacer obligatorias las pruebas periódicas en los centros de mayores. Confirma un auto previo del Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad porque la solicitud planteada estaba huérfana de información suficiente y clara para adoptar una medida que afecta al derecho fundamental a la intimidad personal.

Para no dejar cabos sueltos en la vía judicial, la Junta aportará al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía una información exhaustiva del trabajador que declina hacerse la prueba, el centro y «otros datos que se consideren de interés para el abordaje de cada situación». Las pruebas en geriátricos están reguladas por una orden del 4 de agosto que revisa las medidas sanitarias y preventivas de salud pública en los centros sociosanitarios y sociales. «Esta normativa está basada en la situación epidemiológica actual y en las últimas recomendaciones» pactadas entre el Ministerio y las comunidades, especifica la circular interna.

La vacunación contra el Covid es voluntaria en España. Pero Andalucía, junto a otras cuatro comunidades autónomas, solicitó por escrito al Ministerio de Sanidad que la inoculación fuera obligatoria para los profesionales sanitarios y empleados de residencias , como ha establecido Francia. La propias patronales del sector geriátrico han reclamado que la inmunización sea un requisito para trabajar en estos centros. El Ministerio de Sanidad es reticente a forzar la vacunación y se ha limitado a recomendar que se hagan más pruebas y que se evalúe el traslado de puesto del personal no vacunado para evitar contagios.

A la espera de que el TSJA se pronuncie sobre la petición de la Junta para obligar a someterse a una PCR, a la Administración y a los empresarios del sector les quedaría la alternativa de prescindir de éstos. Fuentes del derecho laboral consultadas por ABC consideran que existe «un claro margen legal» para el despido procedente de aquellos empleados que se nieguen a someterse a una prueba diagnóstica. El despido se podría justificar por motivos disciplinarios, por ineptitud sobrevenida –el trabajador deja de ser apto para el desempeño de su función– o por mera responsabilidad empresarial, toda vez que los gestores de las residencias pueden alegar que dan prioridad a la seguridad de los pacientes sobre los derechos laborales adquiridos por los trabajadores.