La costosa agonía de la administración paralela: la Junta gastará otros 6 millones en liquidar entes

La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo prevé una aportación de 4 millones de euros en 2020 para culminar el proceso de extinción de los consorcios escuela de Formación Profesional para el Empleo (FPO), dedicados a impartir cursos que estaban controlados por la Junta y en los que ésta tenía una participación mayoritaria. Otros dos millones del presupuesto del Servicio Andaluz de Empleo van destinados a la liquidación de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt), la misma cuantía recogida en las cuentas que están en vigor.

Las cifras ponen de manifiesto las dificultades y el elevado coste que acarrean estos trámites. La disolución es el punto de partida de un proceso largo y complejo que abarca desde saldar las deudas pendientes, vender o absorber sus bienes hasta liquidar el importe de la inversión de los socios, entre otras operaciones.

Ningún coste supondrá, en cambio, la eliminación del Consorcio del Guadalquivir , un ente instrumental que se constituyó en 2011, pero que «nunca tuvo actividad ni trabajadores», destacó el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Administración Local, Juan Marín (Ciudadanos), que presidió ayer la firma de su liquidación definitiva. Juan Marín recordó que se creó con el objetivo de realizar actividades de promoción en el entorno del río Guadalquivir, desde Jaén a Cádiz.

Los consorcios de FPO nacieron en 1991 con la vocación de dar formación profesional «altamente especializado en sectores de actividad relevantes en Andalucía», según rezan sus estatutos. Después de que la propia Cámara de Cuentas andaluza detectara en 2014 un cúmulo de irregularidades en el uso de las subvenciones recibidas para la formación de parados, el entonces consejero de Educación, Luciano Alonso , mandó paralizar toda la actividad de estos centros hasta analizar lo ocurrido.

La Junta cortó el grifo para su financiación y se multiplicaron los problemas: hasta 167 empleados de los diez consorcios escuela repartidos por las ocho provincias andaluzas dejaron de cobrar sus nóminas. En octubre de 2014, el Gobierno de Susana Díaz (PSOE) aprobó disolver los consorcios, en cuyos consejos rectores participaban los antiguos responsables de la Consejería de Empleo y los ayuntamientos, así como integrar a todos sus trabajadores en la estructura del Servicio Andaluz de Empleo.

El proceso afectó a la Escuela de la Madera de Encinas Reales, la de joyería de Córdoba, o las de hostelería de La Laguna (Baeza), Islantilla, La Cónsula (Málaga) y La Fonda (Benalmádena) o la Escuela del Mármol de Fines , en Almería, referente internacional en el trabajo de la piedra.

Pero hay otros consorcios que no han tenido una trayectoria tan intachable. Es el caso del Centro de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades), de El Rocío, cerrado tras doce años de funcionamiento. Gastó hasta 21.220 euros en traerse una yegua de la raza Oldenburger desde Alemania a El Rocío . Su directora gerente, Ana María Orihuela, antigua edil del PSOE, está procesada por un supuesto delito de prevaricación en concurso medial con malversación, junto a otros tres extrabajadores como cooperadores necesarios. Desvió parte de una ayuda a pagar los gastos derivados de su elección como Rey Mago en la cabalgata de Almonte.

El proceso de extinción de los 95 antiguos consorcios de Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico también está siendo una carrera de obstáculos. Dentro de un plan de reordenación de su «administración paralela», el Gobierno de José Antonio Griñán (PSOE) anunció en 2010 la extinción de dichos entes, en los que la Junta tenía una participación del 50% compartida con corporaciones locales.

En una comparecencia parlamentaria el 17 de junio, la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco , explicó que desde 2010 ha habido «un retraso de aproximadamente siete años y medio en la extinción de estos 95 consorcios».

Este retraso viene «motivado fundamentalmente por los complejos y múltiples procesos judiciales abiertos relativos a las demandas interpuestas por el personal adscrito y por la inexistencia de criterios claros en el procedimiento a seguir», detalló Blanco. Añadió que «en breve» serán 41 los consorcios de las antiguas Utedlt «liquidados» y restarán 54 por extinguir.