Médicos andaluces afectados por el coronavirus se reincorporan sin pasar un segundo test

En el documento -en cuyo membrete figura el distrito sanitario Málaga-Guadalhorce- se explica que los sanitarios con enfermedad leve y que presenten buena evolución «se incorporarán como norma general a partir de los 14 de días del inicio de los síntomas», y siempre que hayan permanecido asintomáticos los últimos cuatro días.

Desde el Colegio insisten en que esta práctica es un riesgo no sólo para el propio médico, sino para el resto de profesionales sanitarios, los pacientes e incluso su propia familia. Ya se está procediendo así en algunos centros sanitarios de Málaga y provincia , aunque en otros sí se les somete al este test de descarte. Algo que pone de manifiesto -subrayan- una falta de coordinación y de criterio a la hora de actuar.

Han exigido a la Consejería que se someta a la prueba a todos los médicos afectados tras pasar la cuarentena, como única forma de romper la cadena epidemiológica de transmisión del virus. Además, acusan a la administración de hacer distinciones y anteponer la clase política al personal sanitario a la hora de hacer los test.

La directriz también ha llegado a oídos del Sindicato Médico Andaluz, que la ha tildado de «irresponsable», puesto que la prueba es la única garantía de que no podrán ser transmisores al reincorporarse. En este sentido, han exigido que ningún profesional vuelva a prestar labor asistencial «a menos que dé negativo en la PCR».

El presidente del sindicato, Rafael Carrasco, ha señalado a ABC que no tienen constancia de que ese documento haya llegado a otras provincias, pero que cuentan con «testimonios de profesionales» que así lo confirman. «Se han comprado pocos test y defectuosos, y ahora las pruebas se están haciendo con cuentagotas», apunta Carrasco, que considera una «barbaridad» desde el plano epidemiológico pedir que se reincorporen.

El Sindicato Médico Andaluz ya ha interpuso la semana pasada ante los Juzgados de lo Social de Sevilla una solicitud de adopción de medidas cautelarísimas en procedimiento de tutela de derechos fundamentales contra la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.

Solicitaban, en concreto, «batas impermeables, mascarillas FFP2, FFP3, gafas de protección y contenedores grandes de residuos» con las que garantizar «la protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo de los profesionales sanitarios».