Fuentes del Gobierno andaluz han señalado a Europa Press que la decisión de comprarlos se tomó el 24 de marzo, mismo día en que los expertos examinaron las pruebas y desaconsejaron su compra .
Un día después, el 25 de marzo, la Junta decidió paralizar esta operación tras conocer la opinión de estos expertos y hacerse público un informe de una sociedad científica que alertaba de la baja sensibilidad de esos tests para la detección rápida en pacientes sanos.
Según ha podido saber ABC, una muestra de los test se probaron en los hospitales Virgen del Rocío de Sevilla y Reina Sofía de Córdoba. Allí se comprobó que no eran fiables y se abortó la compra. La empresa proveedora era la misma que vendió test defectuosos al Gobierno central. La operación fallida no ha tenido ningún costo, aseguran fuentes de la Junta de Andalucía.
Tras esto, las mismas fuentes han indicado que se conoció que los test rápidos adquiridos por el Gobierno de España no eran eficaces; de manera que la Junta de Andalucía ha encargado 30.000 tests -a un fabricante distinto al que suministró al Gobierno- para la detección rápida del covid-19 en pacientes con síntomas, tal y como han aconsejado los expertos del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Bendodo anunció la compra de estos test el pasado martes en una rueda de prensa no presencial, cuando también reclamó al Ejecutivo central que destinara a Andalucía 120.000 test rápidos adquiridos por la Administración central. El portavoz del Gobierno andaluz incidió en que la Junta «está redoblando esfuerzos» y ha salido «a los mercados internacionales a buscar material» para luchar contra el coronavirus.
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