El Constitucional admite a trámite el recurso contra el decreto de simplificación de la Junta de Andalucía

Con esta decisión, el Tribunal Constitucional ha acordado dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, así como al Parlamento de Andalucía y al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que puedan personarse y formular las alegaciones que consideren convenientes.

Los senadores del PSOE impugnan en su recurso, entre otros motivos, que la convalidación del decreto-ley se haya realizado por la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía, ha anunciado el TC en un comunicado. El Constitucional concreta que de la sentencia que se dicte en su día será ponente el magistrado Andrés Ollero.

La admisión a trámite del recurso de los senadores socialistas se produce después de que el Gobierno andaluz hiciera público el 13 de octubre que había alcanzado un acuerdo con el Gobierno sobre el decreto ley. El acuerdo implica la retirada por parte del Ejecutivo de la Nación del recurso que interpuso ante el TC contra dos artículos de la norma referidos a la Ley Audiovisual de Andalucía y a intervenciones en Bienes de Interés Cultural.

El acuerdo se alcanzó en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado, tras lo que la Junta aprobó las modificaciones acordadas entre ambas administraciones, que tendrán que ser ratificadas por el Parlamento andaluz.

El PSOE-A ha manifestado su «satisfacción» por la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional (TC) de admitir a trámite el recurso. «Un decreto que trata de modificar 21 leyes y seis decretos de golpe y sin diálogo con nadie, no es simplificación administrativa, se trata de desregular para favorecer determinados intereses privados», ha censurado.

En una nota de prensa, el portavoz adjunto del Grupo Socialista, Manuel Jiménez Barrios, ha afirmado que con este decreto el presidente de la Junta, Juanma Moreno, «ha ejercido un grave atropello democrático y sólo aporta inseguridad jurídica e incertidumbre económica y social » en momentos especialmente «delicados» para la comunidad por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus.

«Estamos hablando de un decreto que deja a Andalucía en situación de inseguridad jurídica para empresas, emprendedores y autónomos que, ante la crisis que se avecina, necesitarían certeza jurídica», ha señalado el portavoz socialista, que también ha explicado que el decreto recoge «modificaciones urbanísticas, ambientales o sobre el patrimonio que parecen fruto de un ordenamiento pasado», al tiempo que ha asegurado que la «revolución verde» de la que hace gala Moreno «se evidencia como un fraude normativo, parlamentario, jurídico y político».

Así, ha destacado que los socialistas ya denunciaron que supone una «barbaridad jurídica sin precedentes» porque «destruye controles, merma a las instituciones, no vela por el interés público y degrada la función parlamentaria».

Jiménez Barrios ha explicado que el PSOE ha recurrido «el fondo de todo el decreto» por considerarlo «un abuso jurídico, y también por la forma en la que se aprobó, en una Diputación Permanente, cuestionada en su validez legal, y no en el Pleno del Parlamento».

De este modo, el portavoz socialista ha considerado que la aprobación del decreto «no se ajustó a la exigencia legal de circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad marcada por la Constitución y el Estatuto de Autonomía», y ha explicado que el recurso contaba con el dictamen jurídico de la catedrática experta en Derecho Constitucional Ana Carmona, y que en el mismo se alerta de la «degradación clara de la función parlamentaria» y del «abuso jurídico», ya que «supone una contrarreforma legislativa al eliminar casi una treintena de normativas autonómicas sin la participación de nadie y sin urgencia justificada».

Jiménez Barrios ha explicado que el decreto «ya sufrió una primera derrota que el Gobierno de Moreno intentó camuflar con la milonga de que había llegado a un acuerdo con el Gobierno de España, cuando la realidad es que no le quedó más remedio que claudicar ante las peticiones del Ejecutivo central, dada la aberración jurídica que suponían los dos artículos recurridos», ha concluido.