La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía niega a los opositores el acceso a sus exámenes

Sin embargo, esta convocatoria suscitó una avalancha de quejas ante Educación. Incluso se llegó a crear la plataforma «Oposiciones docentes justas Andalucía» a través de la cual se acordó seguir un modelo para presentar una reclamación. Se trataba de un documento modelo «expongo-solicita» en el que, a título individual, especificaban el malestar por la calificación obtenida -cabe recordar que según los datos de la plataforma estimaban que los suspensos rondaban entre el 70 y el 80 por ciento-. Los denunciantes exigen, en virtud de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía que se les facilite su expediente en relación a la primera prueba (escrita) del proceso selectiva que constaba de dos partes A y B, teórico y práctica.

De igual forma, piden que se conserve toda la documentación «de forma cautelar» a fin de tomar las acciones legales necesarias.

Por una parte, los demandantes consideran que «no se ha publicado ni explicado de manera suficiente ni en tiempo los criterios de evaluación y desarrollo» en dicho proceso selectivo. Además, argumentan que tras la publicación de las calificaciones y listas de aspirantes de la primera prueba no se les permitió el acceso a la documentación de los respectivos exámenes lo que, a su juicio, incumple la Ley de Transparencia Pública de Andalucía , que regula el derecho de los interesados al acceso a cualquier documentación pública.

La respuesta de la Consejería de Educación ha comenzado a llegar a los afectados a través de un correo electrónico que firma la jefa de Sección de Selección e Ingreso, Ana Cabello Romero . Un escrito en el que recuerda que la orden que regula esta convocatoria pública especifica que no cabe recurso alguno hasta el final del procedimiento.

A los afectados no les convence esta respuesta y están dispuestos a llevar el caso ante el Defensor del Pueblo antes de que finalice este mes. De igual forma, según indicaron miembros de la plataforma, la intención es presentar un recurso por la vía contencioso-administrativo contra el procedimiento a partir de septiembre.