Cinco provincias llevan décadas esperando su Ciudad de la Justicia

En la «segunda clase» de este tren del desarrollo de la Justicia están Sevilla, Cádiz y Jaén. Son las ciudades en las que ha consignado unas pequeñas cantidades de dinero testimoniales en los presupuestos. Ese dinero (53.000 euros para Cádiz;150.000 para Sevilla y 50.000 de Jaén) no dan para mucho . Según fuentes consultadas por este periódico, ese dinero vale solo «para poner el cartel de que se va a construir, vallar el solar y encargar un boceto a los arquitectos. Nada más».

Y quedan aún las ciudades de «tercera clase» . Las que, en el tren de la Justicia viajarían de pie. Ni derecho a asiento tendrían. Las que no solo no tienen una Ciudad de la Justicia, sino que, además, no tienen siquiera proyecto o intención de construirlas. Son Huelva y Granada.

Precisamente el caso de Granada es, según fuentes del mundo de la Justicia, «sangrante». Se trata de la capital judicial de Andalucía y sede del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad. Y, sin embargo, sus sedes judiciales están dispersas por toda la ciudad, sin orden ni concierto, para incomodidad de trabajadores, abogados, funcionarios y ciudadanos. «Esto demuestra la escasísima apuesta de a Junta por la administración de Justicia. No es una prioridad para ellos y nunca lo ha sido», se queja el diputado Juan Ramón Ferreira, portavoz de temas judiciales del PP-A.

La cuestión sobre el orden de los proyectos para las sedes judiciales es un enigma para el sector . ¿Por qué Málaga sí pero Sevilla no? ¿Por qué Huelva antes que Granada? Desde la Consejería de Justicia explican que no hay unas ciudades prioritarias, sino que la decisión se toma en base a la disponibilidad de suelo.

Sin embargo, opinan fuentes judiciales, el que solo tres capitales de provincia tengan una Ciudad de la Justicia crea una «agravio comparativo», una «desigualdad» en infraestructuras «y, por lo tanto, en servicio», en palabras de Juan Ramón Ferreira.

Las ciudades que no son capitales de provincia y las localidades más pequeñas también se sienten discriminadas. José Fernández, vicesecretario del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) explica que hay localidades como Torrox (Málaga) donde «las sede judicial se cae a cachos». Y no es la única de Andalucía, denuncia.

En la misma línea opina Manuel Moreno , delegado para temas de Justicia del sindicato CSIF. «No hay que olvidar las ciudades que, sin ser capital de provincia, tienen mucha carga de trabajo», añade. Es el caso de Marbella, de Jerez de la Frontera o Algeciras. «Hay muchos funcionarios, y muchos casos pero malas infraestructuras. Haría falta pequeñas ciudades de la justicia en esos sitios», reclama.

Para dar respuesta a todos estos problemas, desde el PP-A reclaman a la consejería un plan de infraestructuras judiciales. «Lo hemos planteado por activa y por pasiva. Hay que hacer un diagnóstico y un plan a medio plazo», explica el popular Juan Ramón Ferreira. Según este diputado, el plan parece ahora algo más cerca:«Emilio de Llera —anterior consejero de Justicia— se negó siempre a plantearlo, pero Rosa Aguilar dice que lo va a estudiar».

Gracias a un sistema planificado, destacan desde el PP, Andalucía podría ahorrarse mucho dinero en la «enorme» partida de gasto que se destina al alquiler de sedes judiciales. «Son millones de euros», indican fuentes sindicales. «El presupuesto para este apartado se ha duplicado desde que Susana Díaz llegó a la Junta», denuncia Ferreira. «En 2013 el gasto era de 12 millones;hoy es de 25 millones de euros al año», añade.

Todos los involucrados, incluida la administración, reconocen las bondades de centralizar la Justicia en un solo edificio. Y varias fuentes del ámbito jurídico destacan la predisposición de Rosa Aguilar, la consejera del ramo, con estos proyectos. Diversas voces la califican de «profesional» y «abierta al diálogo» . Muy al contrario de lo que se opina de De Llera.

Pero no todo son buenas intenciones. Aunque el sector reconoce un cambio de talante en la Consejería de Justicia con la llegada de Aguilar, no bajan la guardia por una promesas de nuevas sedes. Recuerdan los 12 años que estuvo parado el proyecto de Cádiz. «Llegamos a ver los planos», recuerdan en CSIF. Pero nunca se hizo.

Tampoco olvidan en el ámbito judicial el caso de Sevilla:20 años parado y «familias políticas que se paran unos a otros el proyecto». Resume el estado de ánimo en el sector Manuel Moreno, del sindicato CISF :«Nos creeremos lo que veamos construirse. Papeles, ninguno».