Los chiringuitos andaluces, aún sin legalizar siete años después de asumirlos la Junta de Andalucía

La polémica, al menos, sí sirvió para sacar a la luz la situación de alegalidad en la que se encontraba la mayor parte de estos establecimientos playeros, a los que les habían caducado las concesiones entre 2003 y 2007. Entonces, el Gobierno central vendió la gran panacea: transferiría las competencias sobre ordenación y gestión del litoral andaluz a la Junta de Andalucía. Era algo previsto en el Estatuto de Autonomía.

La región, tras Cataluña, se convertía en la segunda comunidad en conseguir ese traspaso, que recaía en hasta cuatro consejerías diferentes (Obras Públicas y Vivienda; Agricultura y Pesca; Turismo y Medio Ambiente, Entonces se pensó que todo estaba hecho. La cercanía entre administradores y administrados ayudaría a resolver el problema con celeridad. Más de siete años después de aquella transferencia, la realidad es tozuda.

Según los datos aportados a ABC por el presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas, Norberto del Castillo, e n torno al 50 por ciento de los entre 900 y 1.000 chiringuitos establecidos a lo largo de la costa andaluza siguen sin autorización . Continúan, pues, en un limbo legal que las administraciones —en algunos casos con la concurrencia de los propios empresarios— son incapaces de atajar.

Se trata de una situación que impide que los dueños de los chiringuitos tengan la seguridad jurídica que les permita hacer inversiones en sus establecimientos. Y que, aunque en general todos vienen operando con normalidad pese a su alegalidad, genera incertidumbre entre las 40.000 personas que se calcula emplea el sector, con una facturación en torno a 500 millones de euros anuales.

Es cierto, no obstante, que después de años de exasperante lentitud las cosas han comenzado a agilizarse sobre todo en el último año. Datos generales no hay. Al menos la Junta no los ha podido facilitar a este periódico después de más de una semana y media intentándolo.El martes próximo, se anuncia, el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, comparecerá en comisión en el Parlamento Andaluz y probablemente ofrezca novedades.

Sí han podido recabarse, sin embargo, los de la provincia de Málaga. Lo cual tiene su importancia teniendo en cuenta que en su litoral se concentra en torno al 40% de todos los chiringuitos andaluces. El delegado territorial de Medio Ambiente, Adolfo Moreno, aclara que de los 383 locales existentes, 100 ya tienen la concesión en vigor y 239 se encuentran en trámite, de los que 79 están sólo a la espera de un informe de Costas.

Moreno, que reconoce que el procedimiento ha sido «complicado»y se han encontrado con dificultades de personal pese a los refuerzos que han tenido, sí considera que el fin del problema «está cercano». Eso gracias sobre todo a que se ha buscado la «excepcionalidad»para poder respetar los locales aplicando la ley. Y reparte responsabilidades, además, pues no toda la tardanza se puede atribuir a la administración andaluza . Recuerda, en este sentido, que algunos ayuntamientos han dilatado el conflicto al haber persistido en querer ser ellos quienes diesen las concesiones, a lo que finalmente han ido renunciando. Y también algunos solicitantes «no han sido todo lo diligentes que debieran para subsanar deficiencias».

Las principales causas de denegación, aduce, han sido no respetar la distancia entre chiringuitos o a la orilla , que debe ser de 70 metros. También ha operado en contra de algunos empresarios su exposición a los temporales. La norma dicta que para recibir la concesión, el chiringuito no debe haber tenido problemas en los últimos cinco años. De otro modo, se le exige un retranqueo.