Caso Juan Guerra, 25 años del primer gran juicio de corrupción: un pícaro conseguidor con despacho oficial

Aquella alusión en la sesión plenaria del 30 de diciembre de 1989 dio origen al caso. Se atribuyó a una venganza del político local hacia su partido porque no había apoyado sus aspiraciones de convertirse en presidente de la Diputación de Cádiz. La onda expansiva de la bomba activada por el alcalde alcanzó de lleno al Ejecutivo, obligó a dimitir un año después a Alfonso Guerra , fiel escudero del presidente, y abrió una cascada de escándalos que terminarían apeando al PSOE del poder un lustro después.

La sala de operaciones de Juan Guerra estaba en un despacho de la Delegación de Gobierno en Andalucía en la Plaza de España en Sevilla. Veinticinco años después del inicio del juicio que lo sentó ante un tribunal de la Audiencia de Sevilla (el 19 de febrero de 1995), ABC reúne a los protagonistas que investigaron, con más arrojo y voluntad que medios, el primer gran caso de corrupción política en España.

El camino de Guerra hacia el banquillo empezó en realidad cinco años antes –el 26 de marzo de 1990- cuando el magistrado Ángel Márquez , titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, abrió unas diligencias previas tras la querella presentada por Izquierda Unida. Previamente, el Partido Andalucista (PA) había presentado una denuncia que fue archivada por la Fiscalía General del Estado. Por un curioso guiño del azar, el caso Guerra se instruyó en el mismo despacho desde el que Mercedes Alaya dirigió la investigación del sistema del caso ERE por el que fueron condenados dos expresidentes de la Junta de Andalucía y del PSOE federal en 2019.

Tirando del hilo de los contactos y negocios de Juan Guerra con empresarios, el fiscal Alfredo Flores, el juez Ángel Márquez y el inspector de la Policía Judicial, José Antonio Vidal , interrogaron a unas 500 personas que lo visitaron durante los seis años (1983-1989) que ocupó una institución pública sin que mediara ninguna autorización ni nombramiento oficial, según reconoció después el propio Alfonso Guerra, quien lo catalogó como su «asistente» en la agenda que el también diputado por Sevilla desplegaba en la capital andaluza.

La investigación, que dio para más de mil folios de sumario, descubrió un árbol con raíces en Sevilla y ramas que se extendían hasta Alicante o Galicia. Resultó que Juan Guerra no era ningún «descamisado», como llamaba su hermano en los mítines a los votantes del PSOE . Tenía conexiones con un centenar de sociedades con importantes activos inmobiliarios.

Aquella actividad le reportaba unos ingresos que no encajaban con su nómina de asalariado del partido. Se sospechaba que servían para financiar ilegalmente al PSOE . Pero nunca se pudo probar, a pesar de que algunos empresarios testificaron que le habían pagado abultadas comisiones a Juan Guerra como mediador a cambio de obtener contratos públicos o recalificaciones de suelo rústico.

Blindado por sus lazos familiares, Juan Guerra gastaba fama de intocable. Era el carismático Señor Lobo del partido , como el solucionador profesional de la célebre película de Tarantino «Pulp Fiction». Creó una escuela que luego perfeccionaría el dúo formado por el exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero y el conseguidor Juan Lanzas en el caso ERE, tipos con desparpajo y contactos capaces de deshacer cualquier entuerto por complicado que fuera. El hermano del vicepresidente compartió dependencias con tres delegados del Gobierno distintos, que jamás cuestionaron los servicios que prestaba a los empresarios, autoridades, alcaldes, funcionarios, socios y amigos que tomaron los famosos «cafelitos» en su despacho.

El culebrón político y judicial del caso Guerra reunía todos los ingredientes de las telenovelas venezolanas que por aquella época mantenían a los españoles pegados al televisor: un político influyente en apuros; un pícaro que mueve los hilos; una esposa resentida que entrega un comprometido dossier sobre los negocios de su exmarido al entonces líder del PP, Manuel Fraga ; un alcalde resentido que tira de la manta; teléfonos pinchados para espiar a los investigadores y, sobre todo, dinero, un río de dinero de incierta procedencia que desemboca siempre en las mismas cuentas corrientes.

Durante siete años de instrucción, Juan Guerra afrontó cinco juicios por su papel de intermediario en distintas tramas (Fracosur, Comasa y Litomed y Fridex) y por el uso particular del despacho oficial. En este último proceso ejercieron las acusaciones IU, PA y el empresario José María Ruiz Mateos , ya fallecido, quien llegó a desplegar un capote en los juzgados con el que citó a los jueces para que «entraran al trapo» en el caso.

Fue juzgado por delitos muy graves de malversación o estafa, entre otros. La Audiencia de Sevilla lo condenó a un año y seis meses de cárcel por el uso indebido del despacho y luego lo absolvió el Supremo. El tráfico de influencias, desconocido hasta entonces en el Código Penal español , fue tipificado como delito a raíz de este caso.

La saga judicial tuvo efectos más corrosivos para el PSOE que penales. Durante un tenso debate parlamentario, el presidente del Gobierno Felipe González entonó el célebre «dos por el precio de uno» para dejar claro que si Alfonso se veía forzado a dimitir él también lo haría, pero al final sólo éste abandonó el poder. Juan Guerra, inhabilitado por inducir un delito de prevaricación en la recalificación de una parcela en Alcalá de Guadaíra, sólo fue condenado por un fraude fiscal de 253.627 euros con su empresa Corral de la Parra. Nunca llegó a saldar su deuda con la Justicia porque fue declarado insolvente.

Como recuerda el inspector Vidal, a Guerra le sucedió como a Al Capone, que fue castigado por evasión fiscal, una menudencia si se contrapone a la turbia fuente que nutría su inmensa fortuna. No crean que la comparación es exagerada. El propio alcalde de Barbate defendió el proyecto que destapó el caso con un argumento difícil de rebatir: «Era bueno para Barbate. Lo llevó Juan Guerra, pero como si lo hubiera llevado el mismísimo Corleone ».

A diferencia del gánster más temido de todos los tiempos, el controvertido «asistente» jamás puso un pie en una prisión. En pleno escándalo, sus peripecias fueron parodiadas en un cómic de Mortadelo y Filemón. A los clásicos tortazos se sumaron los pinchazos telefónicos y zancadillas del «Partido Socialcurrantista» . Los torpes agentes de la T.I.A. fracasaron en su intento de detener a los responsables de aquel «atasco de influencias». Cualquier parecido con la realidad no era pura coincidencia. El «Waterguerra» fue también una historia del tebeo.