Zarrías equipara las ayudas a ERE con los fondos sin publicidad para los terremotos

El fiscal Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga formuló una cuestión directa, sabedor de que las ayudas de la Consejería de Empleo que se enjuician no tenían publicidad ni libre concurrencia: «¿Cómo un trabajador andaluz tendría conocimiento de esa normativa, adónde tendría que acudir?».

Zarrías, que se enfrenta a una petición de diez años de inhabilitación por un supuesto delito de prevaricación, contestó que eran de conocimiento «público y notorio» porque «figuraban en los programas electorales [del PSOE], en los discursos de investidura, en los acuerdos de concertación social y en las leyes de presupuestos» que aprobaba el Parlamento andaluz.

Los detalles los ignoraba porque «la competencia estaba residenciada en la Consejería de Empleo», aseguró en la vigésimo sexta sesión del juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos autonómicos por crear y mantener un procedimiento de ayudas que propició la arbitrariedad en el reparto de 855 millones de euros durante más de diez años (2000/2011). Admitió que no conocía la partida presupuestaria 31L , pero sabía que la Junta financiaba pólizas de prejubilación. «Lo conocía yo y todo el mundo», dijo.

Primero, a preguntas del fiscal, y después de su abogado, Gonzalo Martínez-Fresneda, el consejero de Presidencia entre 1988 y 1990 y entre 1996 y 2009 equiparó las ayudas sociolaborales a las subvenciones excepcionales y sin publicidad que una administración pone en marcha para atender catástrofes como el terremoto de Lorca.

La comparación llegó la quinta vez que el fiscal le preguntaba por la norma que regulaba las ayudas sociolaborales. Zarrías, algo contrariado, replicó: «Se lo he intentado explicar. Es una ayuda excepcional que está regulada en diferentes normativas de la Junta de Andalucía» y como tal, no requiere «ni concurrencia ni publicidad». Enumeró la Ley de Hacienda Pública , que regulaba en su título octavo dichas subvenciones; las leyes de presupuestos de la Junta y algunos decretos, así como también existían normas estatales como la orden ministerial de 1995 para ayudas para trabajadores afectados por procesos de reconversión y reestructuración de empresas. «Regulación había», destacó.

«Los conflictos [en empresas] surgían cuando surgían», dijo. Comparó su carácter imprevisible con el de un seísmo: «No había un cartel que dijera en caso de terremoto puede acudir a esta ayuda». «Cuando surge un problema, se ponen en marcha los mecanismos para solucionarlo». Relató que él no ha participado en ningún proceso administrativo, pero defendió la excepcionalidad de las ayudas al tener su origen en «una fuerte crisis industrial en zonas deprimidas de Andalucía». A la tesis de la excepcionalidad, el fiscal opuso que se dieron 272 ayudas a empresas en crisis. Zarrías indicó que estas ayudas constituían un «fracaso» porque la prioridad era salvar la empresa. «Imagino que no se haría», respondió al fiscal cuándo éste le preguntó si se hizo una campaña institucional para difundir el programa de Empleo. A este respecto, quien fuera parlamentario andaluz durante 24 años por Jaén señaló que esta línea de subvenciones aparecía en los acuerdos de concertación firmados entre la Junta, los sindicatos y la patronal. A través de ellos «se “vehiculizaban”» tales fondos. Desmintió, como declaró el exconsejero Antonio Fernández, que el convenio de 2001 que institucionalizó las ayudas se tratara en algún «consejillo». Sí reconoció haberse reunido con el conseguidor de ayudas Juan Lanzas, que era asesor de Primayor , y se entrevistó dos veces en su despacho con los Ruiz Mateos para montar una planta de platos precocinados de Dhul en Jaén. Allí estaba también Lanzas.

El exconsejero de Presidencia afirmó que nunca había recibido una indicación del expresidente para resolver un conflicto laboral con ayudas de los ERE y tampoco despachó con Guerrero. Al acabar el interrogatorio, Chaves se apresuró a felicitar a su leal exconsejero: «Eres un monstruo».