La «persecución» judicial de la Junta de Andalucía contra la testigo que «cantó» en el juicio del caso ERE

Su letrado, Ignacio Rivas Clemente, enmarca dentro de una campaña de acoso y derribo la decisión de la Administración autonómica de recurrir la exculpación de su defendida en una pieza desgajada de la macrocausa que investiga la ayuda sociolaboral de 300.000 euros que la Junta de Andalucía concedió en el año 2009 al Centro Geriátrico del Obispado de Cádiz.

El abogado relata que «es ingente la cantidad de recursos económicos utilizados para intentar hacer la vida imposible a la Sra. Rofa». Recuerda que cuando la primera instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, acordó no imponer fianza alguna a Rofa como imputada en la causa matriz, «ahí estaba la Junta de Andalucía para pedirla, recurso tras recurso; quería nada más y nada menos que aproximadamente 75 millones de euros de fianza». La Audiencia de Sevilla sólo le impuso un depósito de 480 euros.

« Donde ya no acusa la Fiscalía, ahí está la Junta de Andalucía, persiguiendo a la Sra. Rofa ». A pesar de que la Audiencia estima que en los ERE no hay una organización creada para delinquir, «ahí está la Junta de Andalucía, para decir que en la Administración se dotó de una estructura paralela, sin funcionarios públicos, para infringir el ordenamiento jurídico, y todo para justificar la presunción de culpabilidad» de Rofa, se queja su letrado.

La Junta quiere que caiga todo el peso de la ley sobre esta testigo que con sus declaraciones en el juicio ha dinamitado la línea de defensa de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán al afirmar que recibían «información continua» sobre las ayudas, los colectivos beneficiarios y la finalidad de las mismas.

Su última etapa en la Dirección de Trabajo supuso un infierno. Fue enviada al exilio laboral en Huelva y después el exdirector Daniel Rivera prescindió de ella a los pocos meses de estallar el escándalo de los ERE tras mantener una tensa conversación en la que éste la llamó «tres veces gilipollas» , según contó en el juicio.

Los letrados autonómicos, en su recurso de reforma, exponen que la actuación de Rofa y de otro ex compañero suyo, Jesús AndrésRodríguez, « era absolutamente decisiva para la concesión irregular de la subvención » y, como consecuencia, causó «un daño patrimonial injustificado» a la Hacienda Pública.

Lo dice la misma Administración que decidió no acusar a Chaves, Griñán y otros 20 ex altos cargos autonómicos, para los que solicitó el archivo de la causa que los ha sentado en el banquillo. Argumentó que no hubo «trama criminal» ni se creó un procedimiento para repartir ayudas de forma caprichosa , a pesar de algunas de ellas fueron a parar a intrusos (personas ajenas a empresas subvencionadas) y de que se pagaron cuantiosas comisiones entre intermediarios.