Un interventor dice que los consejeros de la Junta de Andalucía pudieron parar los pagos de los ERE

Cuando uno de los letrados le ha preguntado si se podían fiscalizar esos pagos ha respondido que «categóricamente no» ya que además no aportaban expediente de gasto. «¿Tenía el consejero de Empleo competencia para suspender la concesión de un pago?» , le ha preguntado un abogado, a lo que el alto funcionario ha respondido que «se podía haber modificado la estructura de los créditos para revertir la situación».

«¿Y el de Innovación para ordenar parar los pagos?» , le ha cuestionado luego. A lo que el testigo ha dicho también que, supone que sí, como máximo directivo de una Consejería. Sus manifestaciones, que han puesto de manifiesto las diferentes líneas de defensa de los procesados (entre el exinterventor y los exconsejeros que se sientan en el banquillo) han provocado que el juez Juan Antonio Calle haya preguntado al testigo sobre si los reparos de la Intervención podrían haber parado los pagos de los ERE. A lo que el interventor ha respondido que los reparos podrían haber parado el pago de las subvenciones pero no la concesión de estas.

A preguntas del fiscal, el interventor ha admitido que estuvieron examinando unos expedientes de concesión de subvenciones de la Consejería de Empleo, un cometido que le había encargado el interventor general ya que se ponía de manifiesto «una total y absoluta carencia de procedimiento» en las ayudas otorgadas. Y también que observaron actuaciones irregulares graves aunque no informó de esa situación.

«No era posible fiscalizar la concesión de una subvención» , ha dicho el testigo que ha admitido que la Intervención no tenía competencia para proponer o aprobar una modificación presupuestaria.

Además, a preguntas del abogado del exconsejero de Empleo, el interventor adjunto ha manifestado que habrían podido poner reparos a las ayudas si le hubiesen dado autoridad para fiscalizar. Y ha insistido en que «la concesión de subvenciones se estaba dando al margen del procedimiento de gasto público» . «Lo que se dio fue absolutamente irregular, una transferencia de financiación para pagar una subvención», ha recalcado.

En cuanto al resto de testigos, todos ellos propuestos por las defensas, han admitido que los jefes de servicio no podían conocer los compromisos adquiridos y que esos no se incorporaban al programa informático de la Junta.

En este sentido, Eduardo Segura, que estuvo en la secretaría general técnica de la Consejería de Empleo desde 2003 y participó en la elaboración de presupuestos de 2004 a 2009, ha dicho que todo se hizo «conforme a la legalidad vigente» aunque también ha explicado, a preguntas del fiscal anticorrupción que «ahora hay más regulación y mas limitación» de la que había antes a la hora de utilizar el método de las transferencias de financiación, el mecanismo que se usó para conceder las ayudas de los ERE.

O también que para elaborar los presupuestos antes acudían solo los altos cargos y ahora acude los técnicos. Y que los compromisos de estas ayudas no se registraban en Jupiter, el programa informático de la Junta de Andalucía. El testigo ha reconocido, a preguntas del abogado del PP, que con sus respuestas puede «beneficiar» a la exsecretaria general técnica de Empleo , Lourdes Medina, una de las procesadas y que estaba en la mañana de este miércoles sentada en el banquillo en la sala de vistas.

Durante su comparecencia, el testigo ha insistido en que nunca tuvo conocimiento de que «se hiciera algo incorrecto». Finalmente ha comparecido Jesús Nieto, que fuera director general en Empleo y posteriormente en Innovación , que ha dicho que nunca le llegó noticia de ninguna anormalidad o irregularidad durante los cuatro años que estuvo en la Consejería. El juicio seguirá el lunes con los últimos testigos tras lo cual comenzará la prueba pericial.