La Consejería de Empleo fulminó al interventor que puso reparos a la primera ayuda irregular de los ERE

El funcionario emitió un informe de disconformidad contra la subvención argumentando que la Junta de Andalucía no tenía competencias para dar este tipo de ayudas excepcionales, que sólo puede conceder el Estado.

A preguntas del fiscal, este testigo confesó que si lo llega a saber no hubiera aceptado este puesto porque vivió una situación muy difícil. Tras sus reparos, rebatidos por Empleo, el Gobierno andaluz ideó un nuevo procedimiento que se plasmó en un convenio marco en 2001 para que la Dirección de Trabajo diera las ayudas mientras la agencia IFA/IDEA era la que las pagaba a través de las transferencias de financiación, un mecanismo que impedía a los interventores comprobar el destino del dinero porque no había fiscalización previa.

Si «van o no van para ayudas» sociolaborales, aseguró. «El interventor que tiene delante una transferencia de fiscalización no puede examinar la aplicación de esa transferencia», dijo. Es más, con una simple llamada de teléfono se podía dar por fiscalizada una transferencia.

En un interrogatorio muy tenso con algunos abogados de las defensas, Alegre afirmó que aunque en la Intervención «puedan cometerse errores de control» las «estrellas de la película son los órganos gestores que manejan el dinero ». «Esto es como aparcar en doble fila, ¿la culpa que es del guardia si no pasa? Pues no», afirmó Alegre quien, a preguntas del abogado del PP (acusación popular) y de Alfonso Martínez del Hoyo, letrado del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, admitió que el interventor general de la Junta pudo hacer un informe de actuación si bien « el responsable de la irregularidad no es la Intervención , sino el órgano gestor, con independencia de que haya cualquier claudicación».

El testigo se sintió «muy ofendido» y calificó de «casi calumniosa» una pregunta de Martínez del Hoyo sobre si la Dirección General de Trabajo pudo llegar a un acuerdo con la Intervención para que este tipo de ayudas fueran fiscalizadas a posteriori y no de forma previa, según recoge Efe.

«La mera insinuación de lo que me está planteando me ofende casi al nivel de la calumnia », le ha dicho al letrado Alfonso Martínez del Hoyo, al que le ha respondido que «si lo que pretende sugerir es que la culpa es de los interventores delegados de la Consejería de Empleo, mire usted, no», dijo.