Diez jueces para el macrosumario de los ERE

Fue la que lo inició tirando del hilo inicial de Mercasevilla la investigación en enero de 2011 y la que mayor tiempo lo tuvo. Tras unas prolongadas diligencias, cientos de declaraciones, noches interminables y varias piezas desgajadas de la original que hicieron temblar a la Junta de Andalucía y provocaron la dimisión de José Antonio Griñán, no pudo terminar. En junio de 2015, tras pedir su traslado a la Audiencia de Sevilla, el Consejo General de Poder Judicial no le concedió la comisión de servicio que pedía para finalizar la instrucció n y tuvo que marcharse a su nuevo destino: la sección VII .

El abogado Enrique Iván Escalera fue designado juez de apoyo de Alaya en 2012 cuando la magistrada estaba saturada. Escalera, que no era juez de carrera, tenía asignado el reparto ordinario del juzgado mientras la titular seguía con el sumario principal. Sin embargo, también tuvo que hacerse cargo de las diligencias durante la baja de Alaya. En esos primeros tiempos de la dolencia de Alaya, a partir de septiembre de 2012, Escalera tomó alguna importante decisión como decretar el secreto del sumario para investigar los bienes de imputados como el exconsejero Antonio Fernández.

La segunda mujer que aterrizó el juzgado de instrucción número 6 fue Ana Rosa Curra, una juez de adscripción territorial que llegó durante la baja de Alaya. Fue un tiempo en el que, además de protagonizar numerosas discrepancias con la titular del juzgado porque ambas tenían distintas formas de trabajar, tuvo que asumir las investigaciones. Envió a prisión en enero de 2013 a Juan Francisco Algarín, testaferro en una de las empresas y que confesó que llevaba supuestos sobres de dinero desde Mercasevilla a bares cercanos a la delegación de Empleo y al Parlamento.

El caso ERE también estuvo un tiempo en el TSJA en Granada en manos de la sala de lo civil y lo penal. Eso ocurrió en 2015 cuando se investigaba a cuatro exconsejeros de la Junta de Andalucía, entonces aforados por sus cargos políticos. Todos dejaron de serlo cuando abandonaron la política . El magistrado Pascuau no tuvo tiempo de entrar en el fondo del asunto y devolvió el caso a Alaya aunque consideró que no era infundada la atribución de responsabilidades penales a los exconsejeros de la Junta.

El juez del Tribunal Supremo también tuvo durante meses la parte del sumario que afectaba a Chaves y Griñán ya que ambos gozaban de fuero por su condición política. Alberto Jorge Barreiro llamó a declarar a ambos , que tuvieron que hacer el paseíllo por el Alto Tribunal en la primavera de 2015. Y luego este juez decidió continuar el procedimiento contra Griñán, Chaves, Viera y Zarrías por presunta prevaricación administrativa y en el caso de Viera, también por posible malversación de fondos públicos. La salida de la política de todos ellos devolvería el caso a Sevilla.

El hoy juez de instrucción número 4 de Sevilla fue el juez que, durante el tiempo que estuvo en comisión de servicios, terminó la instrucción del caso ERE y procesó a los dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los envió al banquillo. Martín abría juicio oral del procedimiento específico, la «trama política» del caso por delitos de prevaricación, malversación y uno de asociación ilícita que sería eliminado posteriormente por la Audiencia.

La actual juez de instrucción de Sevilla, ahora de baja por enfermedad y cuya tesis doctoral está siendo investigada por la Universidad Pablo de Olavide después de que ABC desvelara que pudo plagiar parte de su trabajo, tuvo también la pieza principal en sus manos . Sin embargo sólo para desgajarla en distintas piezas. En contra de las tesis de Alaya, Núñez dividió el sumario en piezas en junio de 2015 y luego archivó unas pocas. Tras realizar un reparto de las tareas, aprobado por el TSJA, el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana se ha hecho cargo de la instrucción.

El juez de la sección primera de la Audiencia, Juan Antonio Calle junto a sus compañeras Pilar Llorente y Encarnación Gómez , juzgaron a los 21 encausados. Y los que dictarán la sentencia de la trama política. El ponente de la sentencia, que ha estado durante todos estos meses concentrado en su elaboración, tiene ahora la palabra: una sentencia de 1.700 folios que determinará si hubo no responsabilidades penales. Probablemente no será el último juez ya que todavía queda la opción de plantear recurso ante el Tribunal Supremo.