Caso ERE Andalucía: ex altos cargos fichan a nuevos abogados para evitar la pena de cárcel en el Supremo

El exconsejero de Empleo José Antonio Viera ha encargado su recurso de casación ante el Tribunal Supremo a Jon Ander Sánchez (Bilbao, 1968), el letrado que consiguió que este tribunal revocara la condena de la Audiencia de Sevilla al exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas por un delito de cohecho al exigirle una comisión de 450.000 euros a los empresarios de La Raza a cambio de subvenciones para una escuela de hostelería. Hasta ahora el abogado José Manuel Herrera había representado a Viera en el juicio.

El exmandatario andaluz y expresidente del PSOE federal José Antonio Griñán también ha roto con el abogado que le ha acompañado desde que declaró como investigado en el Supremo en abril de 2015. El reputado penalista José María Mohedano, socio de Dikei Abogados, ha renunciado a seguir representándolo tras conocer que el exdirigente socialista había confiado en otro abogado afincado en Sevilla, José María Calero Martínez (Ciudad Real, 1961), para preparar el recurso de casación, el cartucho que le queda para esquivar la pena de seis años de prisión y 15 de inhabilitación por malversación y prevaricación continuadas que le ha impuesto el tribunal.

El cambio no ha sido pacífico. Griñán presentó en la Audiencia el escrito designando al nuevo representante legal sin haber obtenido la venia o el permiso de su anterior letrado. En una nota, Mohedano justificó su abandono porque ve incompatible compartir estrategia con Calero en un asunto que merece una «defensa profesional, que en ningún caso puede ser política ».

El cambio de abogado no parece fruto de la casualidad. La política tiene mucho que ver. Calero se ha convertido en el jurista de cabecera del PSOE andaluz en otras causas que afectan a sus miembros. Representa al líder socialista de Huelva y presidente de la Diputación Provincial, Ignacio Caraballo , en el presunto soborno de Aljaraque por el que está procesado. Como si se tratara de una iguala jurídica, también se ha hecho cargo de otro cliente de Mohedano en el juicio del caso ERE, el exdirector general de Presupuestos de la Junta Antonio Vicente Lozano . Sus honorarios, sin ser bajos, no llegan al caché de los bufetes y catedráticos de renombre (Montero Aramburu, Oliva-Ayala, Víctor Moreno Catena…) que han participado en el primer juicio del caso ERE.

Pero quien paga la defensa jurídica pone sus condiciones. «Es un secreto a voces que los grandes partidos han ayudado a sus antiguos altos cargos a costear sus abogados. Y el caso ERE no iba a ser diferente. Siempre hemos pensado que el PSOE andaluz ha pagado algunas defensas de los acusados con mayor responsabilidad en el Gobierno, pero el secretismo en este asunto es total», comenta uno de los letrados con más experiencia en las macrocausas contra la corrupción en Andalucía. Ni Griñán ni Chaves son militantes del PSOE . Se dieron de baja tras su imputación y renunciaron a sus escaños en las Cortes.

Durante el juicio, la Junta se negó a pagar las abultadas minutas de las defensas en el caso ERE. El Gobierno del PP y Ciudadanos está dispuesto a pasar por caja porque la ley les obliga a ello, si bien reclamará el dinero cuando haya sentencia firme si es condenatoria. Después de varios tira y afloja, aceptó abonarle 90.000 euros a la exconsejera Magdalena Álvarez , frente a los 255.000 euros que exigía por su defensa legal, y sólo accedió a pagar 18.000 euros a Gonzalo Martínez-Fresneda por representar a Gaspar Zarrías . El exconsejero de la Presidencia terminó denunciando ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por cometer «un clara discriminación» con respecto a otros servidores públicos.

El Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta estipula que sus letrados « podrán representar y defender a las autoridades y personal » al servicio de la Administración «en toda clase de procedimientos judiciales que se dirijan contra ellos, siempre que se trate de actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos». Como la Junta tiene la condición de perjudicada en el caso ERE , aunque rehusó acusar a los 21 ex altos cargos procesados, se producía una incompatibilidad para asumir directamente la defensa de los ex altos cargos. En estos casos, los afectados pueden contratar a un abogado de su elección « haciéndose cargo la Junta de los gastos » por estos servicios profesionales.

Al terremoto que ha representado para el PSOE andaluz la enmienda judicial a su forma de ejercer el poder durante una década se ha unido un problema económico. Algunos condenados tienen verdadera dificultad para hacer frente por sí solos a las minutas de los abogados en un proceso que se encarece al acabar en el Supremo. Los honorarios de un experto en Derecho Procesal no son para tomárselos a broma. Pueden superar con creces los 300.000 euros , con independencia de a quién le toque pagar la factura.

El letrado de Griñán había propuesto fichar al expresidente de la Audiencia Nacional Ángel Juanes para llevar su defensa, buen conocedor del manejo de los instrumentos jurisprudenciales por su pasado como vicepresidente del Supremo. Pero el que fuera exconsejero de Hacienda ha optado por Calero, que defendió al expresidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera durante la instrucción del caso de supuesta apropiación indebida en su gestión del club y a los padres de Marta del Castillo , con los que cortó por «diferencias de criterio».

Calero protagonizó sonados enfrentamientos con la juez Mercedes Alaya, quien llegó a abrirle expediente porque no paraba de hacerle gestos a su defendido, el exfutbolista de Osasuna «Pizo» Gómez , durante un interrogatorio como imputado en el caso ERE. Tras ser reprendido por la magistrada, Calero abandonó la sala y dejó a su cliente que tuvo que ser atendido por un abogado de oficio.

La renuncia de Mohedano viene precedida de algún que otro desencuentro con el expresidente, amortiguado por la larga amistad que unía a ambos desde que el primero era secretario general del Grupo Socialista en el Congreso bajo el Gobierno de Felipe González y el exministro de Trabajo, Griñán, ocupaba un escaño como diputado por Córdoba. Mohedano ejerció la acusación particular en el primer macrojuicio de la historia de España , el proceso por el envenenamiento masivo con aceite de colza. Sus compañeros de toga en el caso ERE le preparan una despedida .