Casi 29.000 andaluces pidieron ayuda al Defensor del Pueblo durante el año 2015

El Defensor del Pueblo ha alertado de que «la crisis no nos ha abandonado» al presentar en el Parlamento de Andalucía su informe anual, en el cual el 60% de las reclamaciones ciudadanas están relacionadas con el estado del bienestar.

Así, Jesús Maeztu ha dicho que «los indicadores de pobreza y exclusión social alertan del deterioro» que permanece enquistado en la región, al ofrecer unos datos que, según su propia interpretación, «no constatan que la crisis haya acabado».

El informe presentado en la Cámara andaluza señala que en 2015 fueron 28.777 personas las que acudieron a esta oficina, además de 22 colectivos y entidades que han trabajado con ella en denuncias o en actuaciones de protección de derechos.

Esto ha supuesto la tramitación de 18.923 actuaciones, de las que 9.082 fueron quejas, 9.343 consultas y 498 actuaciones de promoción de derechos sociales.

De las algo más de seis mil quejas admitidas a trámite en 2015 se concluyó la tramitación de 3.676 y, de ellas, se detectó irregularidad por parte de la Administración en 2.093 casos, de los que se han solucionado o están en vías de ser solucionados el 94%.

A los expedientes relacionados con el Estado del Bienestar, con el 60 por ciento del total, le siguen los relacionados con la sostenibilidad de las ciudades y el territorio, un 14 por ciento; con la justicia, prisiones y extranjería, un 12 por ciento; con administraciones locales y tributarias, un 9 por ciento; y con consumo y servicios de interés general un 5 por ciento.

El informe también contiene propuestas que pretenden garantizar el estado del bienestar ya que Jesús Maeztu ha asegurado que ni él ni nadie de su equipo se resigna a que los derechos retrocedan y rechazan esa sensación de conformidad con el retroceso que, en efecto, han experimentado tanto salarios como derechos.

Entre las propuestas del Defensor está una ampliación del crédito necesario para absorber la demanda existente y resolver las solicitudes pendientes para acceder al salario social, mientras no se apruebe la ley andaluza de la renta básica.

También el «reconocimiento explícito del derecho humano al agua» para que se prevea un mínimo de suministro del que no se vea privado ninguna familia aunque no pueda pagarlo, mientras que para el suministro eléctrico ha propuesto un protocolo de actuación entre las eléctricas y los ayuntamientos que evite los cortes por causas económicas.