El caos en la nueva Renta Mínima obliga a la Junta de Andalucía a cambiar los requisitos

En una comparecencia en la comisión de Igualdad, Sánchez Rubio ha reconocido, entre otras cosas, que se necesitaba más tiempo para poder aplicar el decreto para esta Renta Mínima de Inserción, así como que «ha costado mucho trabajo ponerlo en marcha».

Pero las prisas políticas y las altas expectativas creadas con esta norma —que el Gobierno andaluz ha promocionado en numerosas ocasiones— han forzado la puesta en marcha de unas ayudas que están siendo investigadas por el Defensor del Pueblo Andaluz porque los beneficiarios no han logrado cobrarlas seis meses después de su solicitud.

La Renta Mínima de Inserción pretendía beneficiar a 45.000 familias con una paga de entre 420 y 780 euros para las personas en riesgo de exclusión social y que se cobraba siempre de la mano de un plan de inclusión sociolaboral personalizado. Para tener derecho a estas ayudas era necesario cumplir unos requisitos. Sin embargo, estos requisitos se han vuelto poco prácticos y son los que se pretenden modificar.

En primer lugar ha fallado el sistema informático y ha aumentado la burocracia. Hasta ahora, estas ayudas (el ingreso mínimo de solidaridad que fue sustituido por esta renta mínima precisamente porque era poco operativo) las tramitaban los trabajadores sociales locales pero ahora han pasado a los servicios sociales comunitarios, «con lo que hay que formar a 31.000 profesionales», según la consejera.

También ha habido dificultades para las víctimas de violencia de género ya que para cobrar las ayudas era imprescindible la asistencia al colegio de los hijos menores , «pero hay muchos casos en que el absentismo está provocado por la situación de la mujer que cambia de domicilio por su propia seguridad».

Otro colectivo que se siente perjudicado es el de los que tienen un trabajo precario . Sólo es posible cobrar esta renta mínima a las personas que no tienen trabajo pero se han dado muchos casos en los que se han denegado a personas que, a pesar de tener un trabajo, ni siquiera llegan al IPREM (que es de 537,84 euros al mes). «Vamos a tener que estudiar qué tipo de trabajo tienen los demandantes porque hay casos en los que la precariedad y el bajo salario es determinante».

Una de las voces más críticas con la consejera de Igualdad en la comisión de l Parlamento andaluz fue la de la diputada Elena Cortés (IU) quien censuró que no se haya informado a los grupos políticos de esas dificultades, que sólo ha compartido con el PSOE. «Hay algunas que se pueden entender y otras no pero debería haber informado y entre todos hubiésemos tratado de buscar soluciones. Informe a la presidenta Susana Díaz de qué está ocurriendo porque va contando por ahí otras cosas como si no tuviésemos problemas y esto va como la seda ».