El campo andaluz se planta en Madrid el próximo 20 de marzo frente al medioambientalismo
Ganaderos, cazadores, regantes y criadores de reses bravas, protestarán contra las políticas que ponen en jaque su actividad
Romualdo Maestre
Pleno confinamiento por el virus maldito. Los tractores recorren no pocos pueblos andaluces, no para fumigar la tierra, sino para desinfectar con sus bidones llenos las calles. Los agricultores y ganaderos fueron los primeros en poner su maquinaria al servicio de la lucha contra ... el Covid. Con un país cerrado, el maná del turismo desaparecido, el sector servicios en ERTE, nunca faltó un tomate ni una pechuga de pollo en las estanterías. La industria agroalimentaria andaluza bate plusmarcas de exportaciones con crecimientos anuales del 9% y cifras de más de 11.000 millones de euros. Dos años después de la pandemia y cinco de sequía extrema continuada, las políticas medioambientalistas del Gobierno de Pedro Sánchez, muchas inspiradas en la Agenda 2030 fabricadas en los despachos de los que pocas veces han pisado el campo, soliviantan al sector primario. La protección del lobo frente a la ganadería extensiva, un ministro de Consumo hablando de la 'mala calidad de la carne de las granjas intensivas', la casi criminalización de los cazadores o la falta de voluntad para poner en marcha infraestructuras hidrológicas ya aprobadas, han unido a todos. El próximo 20 de marzo están convocados en Madrid.
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La situación del medio rural según los convocantes de la concentración está «en riesgo de despoblamiento, afectado por un déficit de servicios públicos y privados, una Política Agraria Común [la famosa PAC europea] insuficiente para resolver los principales problemas que determinan la renta de los hombres y mujeres del campo, la pérdida de trabajadores y unos precios que no cubren los costes», denuncian. En este contexto, con una población muy envejecida es muy complicado que se incorpore gente joven que releve a un sector cuya edad media supera con creces los 55 años. En el manifiesto «20M. El mundo rural despierta», se culpa a las políticas públicas, «con una visión urbana alejada del medio rural y que suponen continuos ataques a la gente del campo. Una legislación ambiental excluyente y sin visión social, una ley de bienestar animal desorientada, una problemática insatisfecha en materia de agua y un desprecio por la ganadería extensiva, favoreciendo la expansión sin control del lobo». Tampoco dejan atrás la especulación de nuevas inversiones, muchas de fondos buitres de capital extranjero, que «provocan más despoblamiento en el medio rural y generan unos problemas a los que este Gobierno debe dar solución». Por lo pronto demandan una bonificación de un 35% en la factura del gasóleo y otra del 15 en la de los plásticos y fertilizantes; también en el IRPF, para hacer frente al incremento de costes del sector agrario.
Planes adaptados al futuro
El abandono del campo incluye la falta de infraestructuras. El sector agrario necesita planes hidrológicos adaptados al futuro, que «aseguren el agua para el riego y garanticen la producción de alimentos, con más inversiones para modernizar regadíos , así como un reparto más justo entre las explotaciones», consideran.
El incremento del precio del gasóleo y la factura de la luz han sido también un fuerte varapalo al sector. En Madrid pedirán reducir las tarifas eléctricas, «que están ahogando al mundo rural» y la aplicación de la doble potencia en el sector agrario, «tal y como se recoge en la ley, así como la aplicación de un IVA reducido para suministros de riego».
Los convocantes creen que desde las instituciones centrales desprecian la caza, «una actividad generadora de economía, fijadora de empleo y sustento de muchas poblaciones rurales
Desde las asociaciones que convocan la manifestación, por ahora nueve, consideran que hay un ataque en la línea de flotación de la caza . Creen que desde las instituciones centrales desprecian «una actividad generadora de economía, fijadora de empleo y sustento de muchas poblaciones rurales; que aporta enormes beneficios sociales, culturales, económicos y medioambientales, fuertemente arraigada en la cultura española».
La Real Federación Española de Caza se movilizará masivamente. Piden la retirada inmediata del anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales. Esto supondría, según ellos, «la prohibición de la montería y la rehala; la caza menor con perro; la cetrería; la perdiz con reclamo y el uso de galgos para la caza». Consideran injusto además, la prohibición de la caza de la tórtola «a cargo de un Ministerio de Agricultura plegado al dictado de los grupos ecologistas». Tampoco dejan en buen lugar a su homólogo de Medio Ambiente, ahora Transición Ecológica, «que está decidido a prohibir la caza de especies como la perdiz roja, la codorniz o el zorzal», denuncian desde la federación. Más de 250.000 personas practican la caza en Andalucía, fija población en el medio rural y para muchos pueblos es su principal industria. La Federación Andaluza de Caza (FAC) tiene más de cien mil asociados. La caza genera todos los años cerca de 50.000 empleos directos. Desde la FAC se está a favor de la práctica del silvestrismo, una modalidad que, según ellos, «ha demostrado técnica y científicamente que es legal y sostenible, y que el Ministerio de Transición Ecológica ha condenado por su prohibición». Quieren igualmente demostrar su rechazo a una nueva Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, «que no cumple las expectativas y necesidades de un sector clave para la conservación y la dinamización del campo».
Así piensan también desde «Rural. Juntos por el campo», que «esa constante falta de respeto a quiénes ocupan el 80% de nuestro territorio, y a todas las personas que provienen de él, verdaderos guardianes y conservadores del medio ambiente, y eje central para cualquier política que pretenda frenar la despoblación».
'Agentes del medio rural'
Los que se consideran 'agentes del medio rural' exigen «la necesaria convivencia y respeto de mundo urbano y rural, donde las políticas se adapten a las necesidades de todos los ciudadanos, y donde no se confunda medio ambiente y conservación con abandono y prohibiciones ; reto demográfico con despoblamiento; animales auxiliares y de producción con mascotas y tradiciones y usos culturales con modas efímeras», concluyen.
Con las plazas de toros cerradas durante más de dos años por el coronavirus, los ganaderos de reses bravas han sido de los más perjudicados. Están a favor de un régimen fiscal reducido al 10% para la venta del toro bravo como un producto cultural y que sea tenido todo lo relacionado con la Fiesta como parte de nuestro patrimonio.
Los convocantes son, hasta ahora, Asaja, Coag , UPA, Oficina Nacional de la Caza (ONC), Real Federación Española de Caza, Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL), Alianza Rural, Cooperativas Agroalimentarias de España y la Federación Nacional de Regantes.
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