Cada policía en Andalucía protege a cien mujeres víctimas de violencia de género

Las cifras son para reflexionar. En el Juzgado de Violencia contra la Mujer número dos de Sevilla , cuyo titular es Francisco Manuel Gutiérrez, entra una media de diez asuntos nuevos un día de guardia; mismo número que en la delegación del SAVA en Sevilla , que coordina Sandra Millán. La Unidad de Atención de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Sevilla atiende más de media docena de casos, cifra extrapolable a otras provincias de la comunidad, según la Delegación del Gobierno en Andalucía, que subraya que actualmente existen 15.583 casos activos de violencia de género.

Y todo ello con un reducido número de profesionales. El SAVA cuenta para atender, no sólo a una mujer, sino a todas las víctimas de toda la provincia con cinco personas con alta cualificación : dos psicólogas, dos juristas y un trabajador social, todos con formación en criminología y victimología. Por su parte, son diez los funcionarios en Sevilla que conforman el área de Protección de la UFAM y que dan cobertura personal y directa, 24 horas y 365 días al año, a cien víctimas cada uno. Una ratio que se repite en las otras provincias.

« Insuficiente », afirma rotundamente un oficial del área de Protección de esta unidad, que hace un llamamiento a las administraciones para dotar de efectivos y medios todas las políticas contra la violencia de género que se establezcan.

La otra pata del enjambre que trabaja para proteger y acompañar a la víctima en este solitario recorrido es la Administración de Justicia , que cumple «y con creces» su misión ante los casos de violencia contra la mujer. « Las cosas se están haciendo bien ». No sólo existen órganos especializados, sino también personas muy preparadas para poner en marcha «un verdadero mecanismo para hacer frente a estas situaciones de violencia». Es la jurisdicción «más eficiente y eficaz» temporalmente hablando, pues la situación se podría escenificar como«una espada de Dámocles sobre nosotros», admite el juez Francisco Manuel Gutiérrez, que indica que la instrucción puede prolongarse durante tres meses.

Los delitos de violencia contra la mujer son perseguibles de oficio aunque la víctima no quiera seguir adelante con la denuncia. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía publicó la pasada semana la Memoria de 2018 , año en el que mataron a siete mujeres a las que no se le había aplicado protección y tres con protección. En el documento se apunta un descenso en el porcentaje de mujeres que renuncian a continuar con el proceso, 2.557, un siete por ciento de las denuncias formuladas.En Málaga, 927 de 8.427 denuncias;en Sevilla, 850 de 7.745.

Son muchos y distintos los factores que pueden llevar a una mujer a frenar el proceso. La dependencia económica ya está solventada, pues la legislación contempla una ayuda de renta de inserción activa para la mujer desde que interpone la denuncia y se soicitan medidas cautelares. Desde el punto de vista emocional se ha evolucionado mucho, porque el Estatuto de la Víctima pone a disposición de las mujeres que sufren violencia de género un abanico de herramientas y servicios para dar cobertura a todas sus necesidades, ya sean emocionales, psicológicas, habitacionales o jurídicas.

El propósito es evitar la victimización secundaria de la mujer durante el proceso judicial. ¿Y cómo? No haciendo que la víctima se enfrente a su agresor, a la familia de éste o reduciendo al mínimo el número de veces que tiene que revivir el relato de los hechos padecidos.

Cuando una víctima renuncia «hay que ser más sensibles que nunca. Forma parte del proceso y hay que darle la seguridad de que en el momento de que vuelva a repetirse un episodio de malos tratos, que se va a repetir, siempre tendrá las puertas abiertas», dice Sandra Millán, quien coincide con el juez Gutiérrez: este asunto « nos preocupa a todos ».

El sentimiento de culpa pesa en las víctimas, como pesa la presión que ejercen los familiares del presunto agresor en busca de un perdón. « El perdón no es solución de nada , aunque la víctima a veces lo vea como una salida». Por ello, quizás un aspecto a mejorar en todo el proceso de tratamiento y seguimiento a la víctima sea lograr el máximo apoyo y respaldo de la familia a la mujer maltratada, aunque a veces son los primeros que son conscientes del riesgo. Puede suponer «un punto de inflexión en la confianza de la mujer para seguir adelante y no tener reparo en ejercer la acción penal», según el juez Gutiérrez.

El magistrado y la coordinadora provincial del SAVA insisten en la prioridad, recuperar a la víctima como persona desde el punto de vista social y psicológica, para que se mantenga firme en su postura y en la necesidad de reparar el daño causado. « La culpable del conflicto no es la víctima ».

Son «irrelevantes» en los once años de experiencia como juez, dice Francisco Manuel Gutiérrez, que sólo ha visto tres supuestos de denuncias falsas interpuestas por una mujer con temerario desprecio a la verdad imputando un hecho delictivo a sabiendas de que nunca se ha producido. «Una cosa es no poder acreditar los hechos porque se han producido en la intimidad del hogar y no se tengan medios de prueba adecuados, por lo que hay que archivar; y otra bien distinta, una denuncia falsa».

Igualmente, el magistrado prefiere hablar de violencia de género y n o de violencia machista , que tiene un componente despectivo. La Ley hace frente a la violencia del hombre hacia la mujer, existiendo una relación afectiva. «La violencia machista es la que ejerce el varón con propósito de dominación sobre la víctima».

En su cuidadoso uso del lenguaje, opta por hacer referencia al consentimiento voluntario en lugar de a la ruptura de la orden de alejamiento por parte de la mujer cuando, por ejemplo, decide volver con su expareja, a la que había denunciado previamente. «No sólo basta con hacer cumplir las medidas, sino que hay que tratar a la víctima psicológicamente para que sea consciente de la situación», apostillan los tres profesionales.

A pesar de la renuncia al proceso judicial, el juez y el fiscal deben valorar y analizar la situación de riesgo para mantener o no las medidas cautelares , aunque si ella no quiere seguir adelante, lo normal es levantarlas. No obstante, desde la Policía Nacional son más duros en este sentido.

«No nos gusta obviamente que se facilite la ruptura de las medidas o las consientan. Cada agente se vuelca con una persona que pensamos que está en riesgo». En el menor de los casos existe un aprovechamiento del sistema , por lo que se da cuenta al juez. «Hay muchas víctimas a las que atender, si no quiere la medida, que firme la renuncia», expresa el oficial del área de Protección de UFAM , que quiere mantener el anonimato para no desvelar su identidad y ayudar así también a la no estigmatización de las víctimas a las que él tiene que acompañar, seguir y proteger.

Desde el SAVA en Sevilla, hacen hincapié en la continua revisión de las medidas de protección de la víctima. Los casos van evolucionando y lo que puede valer para hoy, pierde su eficacia mañana. Así también se posicionan desde la Unidad policial de Atención a la Familia y Mujer.

Los agentes trabajan en cinco niveles de riesgo, siendo el «extremo» el que más protección conlleva por parte de la Policía Nacional . A veces, incluso los agentes, en su papel de protector, van más allá de las medidas judiciales , aunque la falta de efectivos impide llegar a todos lados en el día a día, priorizando los casos con un riesgo más alto. Entonces, habrá que lamentar un nuevo episodio de violencia y detener al agresor. «Pero no tenemos medios para poner una patrulla detrás de cada víctima o agresor». No obstante, la mayoría son casos en situación de riesgo bajo o no apreciado, por suerte para todos.