Una de cada cinco inspecciones detecta enganches ilegales a la red

El narcotráfico y la pobreza van ligados a los fraudes eléctricos, pero desde la compañía eléctrica Endesa aseguran que la mayoría de estos delitos en España los cometen grandes consumidores, es decir, empresas industriales y de servicios, así como negocios y particulares con consumos elevados.

¿Cómo se detectan estos fraudes? La colaboración ciudadana es muy importante. Endesa dispone de varias vías para que los ciudadanos puedan aportar cualquier comunicación sobre presuntos fraudes, y solo el año pasado recibieron 50.649 notificaciones. Otro síntoma son los microcortes fortuitos del suministro, señal de que se puede estar produciendo una situación anómala, y que suelen ser muy molestos para los vecinos.

Tras la sospecha, los técnicos acuden al lugar e inspeccionan in situ el posible fraude, procediendo si es necesario al corte de los cables y al desmantelamiento de la infraestructura fraudulenta. La colaboración con la cuerpos de seguridad es indispensable, garantizando la seguridad de los técnicos que tienen que acudir al lugar tapados con pasamontañas, ya que han llegado a recibir amenazas, según aseguran desde Endesa . Además de los técnicos, se desplazan al lugar inspectores que se encargan de registrar los cortes que se realizan para luego presentar los informes oportunas como pruebas del delito cometido.

En 2017, la compañía eléctrica detectó hasta 68.000 ilegalidades en toda España, de las que el 44% fueron en Andalucía –unas 30.000–. En esta comunidad se recuperaron cerca de 300 millones de KWh, una cifra que equivale al consumo eléctrico de un mes en la ciudad de Sevilla, y una de cada cinco inspecciones resultaron en la detección de fraude, siendo el 40% de ellos enganches ilegales a la red por parte de usuarios sin contrato. El resto fueron otros fraudes como dobles acometidas o manipulación de los equipos de medida.

Al riesgo físico que suponen estos delitos, hay que sumar el perjuicio para los consumidores tanto en la calidad del suministro que reciben como en la factura, cuyo precio final incluye un porcentaje destinado a paliar estos fraudes, por lo que es el ciudadano de a pie el que acaba soportando estos gastos, al igual que ocurre con el fraude fiscal. En 2015, el fraude eléctrico supuso un encarecimiento de 150 millones de euros en la factura eléctrica total pagada por los españoles. Es más, en bloques particulares, por ejemplo, la responsabilidad legal en caso de accidente recae sobre todos los vecinos, por lo que desde Endesa insisten en la colaboración ciudadana.

Por su parte, la compañía establece como una de sus prioridades la lucha contra el fraude , y en los últimos años ha redoblado los medios para ello. El uso de las nuevas tecnologías, como el Big Data –que permite agrupar los datos históricos de consumo y contrato para aplicar algoritmos que desenmascaran posibles fraudes–, es ejemplo de este refuerzo. O los nuevos videoscopios y trazadores, que permiten inspeccionar instalaciones subterráneas, empotradas en las paredes o inaccesibles a simple vista, para detectar, entre otras manipulaciones, la existencia de dobles acometidas.