Los ayuntamientos andaluces siguen haciendo caja gracias a las plusvalías por herencia

Al menos, la pena se ha reducido gracias a que a nivel autonómico, la Junta de Andalucía echó el freno después de no poca polémica y una campaña en contra el impuesto de Sucesiones muy intensa por parte del PP. Un acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos permitió que a partir del 1 de enero de este año los andaluces dejaran de tributar cuando recibían bienes de un familiar directo fallecido, siempre y cuando la suma total no superase el millón de euros por heredero. Una medida de la que se benefician los herederos de los denominados grupos I y II, cónyuges, hijos, nietos y padres . Los grupos III y IV —hermanos, sobrinos, tíos y primos— continúan pagando lo mismo. El Gobierno autonómico estableció una reducción de 7.993,46 euros en general y otra del 95% en el caso de la vivienda habitual heredada entre hermanos mayores de 65 años.

Ahora, por tanto, es a nivel municipal donde viene el «rejón postmortem». Hasta 8.000 euros por heredar un inmueble valorado sólo en 60.000 han tenido que pagar algunas familias. Aunque de forma muy paulatina crecen las bonificaciones, los ayuntamientos andaluces siguen sin echar el freno en sus cobros a los deudos, dado que para sus arcas representa un fuerte empujón que puede hacer cuadrar un presupuesto. El hecho de que el poder político en los consistorios esté repartido dificulta la lucha contra el tributo. Más fácil, y finalmente producti vo, fue el «todos contra el PSOE» de la Junta, quien tuvo que dar su brazo a torcer. Los socialistas sí reclaman su eliminación en Málaga, pero lo mantienen, y caro, en Córdoba. Son asociaciones las más tenaces en pedir su abolición.

¿Cuánto pagan los herederos en las diferentes capitales andaluzas en materia de plusvalías «mortis causa»? Lógicamente, cuanto mayor sea la valoración de la casa que heredamos, mayor será el importe de lo que tengamos que pagar. En su mayoría los consistorios ofrecen bonificaciones para no tener que abonar el 100% del mismo. Sevilla ofrece descuentos en base al nivel catastral de la vivienda. Menos de 10.000 euros obtienen el 95%; hasta 20.000, el 50%; un 30% para un máximo de 50.000 y de ahí hacia arriba no hay descuentos.

Es el mismo parámetro que rige en Málaga, donde esa exigencia se acompaña también de diferencias según el valor catastral del inmueble. En la capital costasoleña se puede obtener una rebaja del 50% si se tasa de 72.120,20 a 100.000 euros; un 75% si es de 50.001 a 72.120,19 euros y un 85% si es inferior a 50.000 euros. Lo mismo que ocurre en Huelva, donde según el valor catastral varía el porcentaje de bonificación. Menos de 5.805,19, el 90% ; hasta 11.610,38, un 70%; hasta 23.220,76, un 50%; y a partir de esa cuantía se obtendrá un descuento del 30%.

Por su parte, los gaditanos solo reciben bonificación si el valor catastral de la vivienda es inferior a 40.000 euros; recibiendo un descuento del 25% si la tasación es mayor a 30.000 euros; 50% si supera los 20.000; y un 95% si es hasta 20.000.

En Almería la bonificación también la define el valor catastral. Todos los inmuebles heredados con un valor menor a 50.000 euros consiguen el 95% de «perdón». En Granada la rebaja es plana, del 50 por ciento para todos los herederos. Por su parte, Jaén no puede bonificar por encontrarse inmersa en un plan de ajuste derivado de su complicada situación económica.

En cuanto a los requisitos exigibles para bonificar parte del impuesto, en Córdoba resulta más caro heredar, ya que se perdona sólo el 50% del tributo a quienes convivieran con el finado. Mientras que en la capital hispalense también ofrece una rebaja del 95% si el causante convivió al menos los dos años anteriores con el fallecido , que la finca se destine a vivienda habitual del heredero por tres años y que el valor catastral de la vivienda objeto de transmisión no supere los 75.000 euros.

Para que los onubenses puedan disfrutar de las bonificaciones anteriormente citadas, deberían haber convivido al menos durante los dos años anteriores del fallecimiento con el causante y mantener la adquisición durante dos años. En Cádiz exigen una convivencia de cuatro años como mínimo con el transmitente y que se mantenga el inmueble por cinco años.

En el caso de Málaga esta cláusula se obvia cuando el adquirente tiene una renta inferior al salario mínimo interprofesional que, independientemente del valor catastral de la vivienda, se le aplicará una bonificación del 95%. Un beneficio que ha impulsado el equipo de gobierno municipal para dar un respiro a las familias con menos ingresos, tal y como asevera el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, quien confía en que «la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) consiga defender los intereses de los Ayuntamientos» y apela a que lo «sensato es no hacer peticiones inasumibles». Lo dice en referencia a la solicitud del PSOE de Málaga, que exige la eliminación de este tributo. «Ellos mismos se contradicen, porque cuando están en el gobierno no aplican ni bonificaciones» critica el concejal malagueño.

Y es que sin este tributo «mortis causa» se hace «inviable» que salgan adelante los presupuestos de algunos consistorios, pues por este concepto se llegan a facturar más de 17 millones de euros al año, como es el caso de Málaga. La ciudad costasoleña es una de las capitales andaluzas «más sensibles» con sus vecinos, según asegura a ABC Conde; quien mantiene que el Ayuntamiento ha otorgado bonificaciones a más de 8.000 familias en 2017, «dejando de ingresar 7 millones de euros, ayudando a quienes heredan una cantidad que no pueden asumir».

El modelo de bonificaciones malagueño «lleva ventaja» al de otras ciudades, según asegura el portavoz municipal del PP en Córdoba, José María Bellido, quien explica a este periódico que en la capital cordobesa quieren seguir los pasos de Málaga. Por eso llevaron a Pleno el modelo costasoleño. La alcaldesa socialista, Isabel Ambrosio, les tumbó la propuesta. Ante el panorama electoral que se aproxima en 2019, Bellido tiene el compromiso de incluir las bonificaciones a familiares directos de hasta un 95% en el caso de las plusvalías «mortis causa».