Las auditorías desvelan las «trampas» de la Junta paralela que creó el PSOE en Andalucía

Estos son algunos de los datos que desvelan las conclusiones de las 54 auditorías encargadas por el Gobierno andaluz a consultoras externas para evaluar la gestión de los entes instrumentales «heredados» en 2018, entre los que hay 10 agencias administrativas, 18 agencias públicas empresariales, –tres de régimen especial– 16 consorcios, 23 fundaciones y 22 sociedades mercantiles, con 28.382 trabajadores . Se trata, según los auditores, de una estructura desproporcionada, poco operativa, con duplicidad de funciones, que incrementaba el gasto público debido a su baja eficiencia.

Este proceso auditor es una iniciativa inédita en la administración española, aseguraba ayer el vicepresidente de la Junta, Juan Marín , que recordaba que fue uno de los puntos más importantes del acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos Los 6.000 folios de las 54 auditorías serán publicados en los próximos días íntegramente en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía.

«Hemos heredado una administración pública llena de trampas urdidas durante 37 años por para generar una red clientelar en esta maraña de entes. Con este Gobierno nadie va a volver a cobrar más que otro por su nombre y su carné del partido», dijo Marín, que llevó el peso de la presentación de este informe a la prensa tras su aprobación en el Consejo de Gobierno .

«Teníamos razón», comentaba Marín. Las conclusiones de los informes ponen de manifiesto que durante tres décadas se fue desarrollando una « superestructura administrativa alrededor de la propia estructura de la Junta» que provocó duplicidad de funciones y competencias entre los propios entes, y entre estos con las consejerías. Así, la auditoría de la Escuela de Salud Pública desvela que durante años mantenía las mismas competencias en el área de formación con la Fundación Progreso y Salud, dependiente de la Consejería de Salud y con las del Instituto Andaluz de Administración Pública, dependiente de la Consejería de Presidencia.

Las auditorías detectan deficiencias en la gestión. Como ejemplo, Marín refirió lo s 7,8 millones de euros perdidos de los fondos Feder al no haber sido certificados por la Agencia Idea , o la alta morosidad en el reintegro de créditos otorgados por Soprea al no cumplir determinados filtros preliminares a la concesión, como la de comprobar si los solicitantes aparecen en las listas de inhabilitados por sanción.

Los auditores advierten además sobre los problemas de competencias en materia de personal que ha generado esta administración paralela que se rige por 66 convenios colectivos , 43 propios y 23 sectoriales.

En este apartado es singular el caso del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) donde han confluido extrabajadores de distintos servicios, entre ellos los de la antigua Faffe , – en investigación por enchufismo entre otras irregularidades –, o de las escuelas de consorcios investigados en los cursos de formación, hasta el punto de contar con 14 convenios diferentes. No extraña que alguno de los entes auditados registren una altísima litigiosidad laboral contra la propia Administración autonómica .

Mientras el SAE ha asumido cientos de empleos públicos de entes de distinta procedencia, sólo ha sido capaz de gestionar el 3 por ciento de las contrataciones de parados en Andalucía. En 2018 realizó solo una media de 12 ofertas de empleo por cada mil demandantes de empleo .

Mientras, Sandetel incurría en cesión ilegal de trabajadores , manteniendo en sus instalaciones a personal contratado por terceras empresas prestando servicios con continuidad, o la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) pagaba sueldos por encima de la media del mercado . Algo similar a lo que ocurre con la Agencia Pública Andaluza de Educación , donde personal laboral recibe retribuciones superiores a las de los funcionarios mediante el cobro de pluses que no corresponden a su desempeño laboral.

Igualmente llamativa es la situación de la Red de Villas Turísticas de Andalucía, que contabiliza perdidas anuales de 2 millones de euros y que tiene pendiente de adoptar decisiones importantes desde 2015 tras el cierre de cuatro villas. De hecho, solo es explotable la de Fuenteheridos , en Huelva, y requiere para ello una inversión de 2,5 millones de euros.

En algunos casos hay entes en funcionamiento pero sin actividad , un ejemplo es el Parque de Innovación Empresarial de Sanlúcar la Mayor , que no ha tramitado en años algún proyecto para sus 156.000 metros cuadrados de terreno industrial a pesar de tener en nómina a 8 trabajadores.

El Gobierno andaluz convocará un grupo de trabajo parlamentario para evaluar el alcance de las auditorías para hacer partícipe a todos los grupos, si bien ya ha iniciado los tramites para desarrollar en lo que resta de legislatura un Plan de Mejora y Simplificación del Sector Público Instrumental .

Desde 2018, el personal de entes instrumentales ha disminuido un 3,19 por ciento y se han cerrado 59 entes .

Entre las medidas ya decididas en la reestructuración se encuentra la unificación de cuatro entes del ámbito de la economía (Agencia Idea, Extenda, Agencia Andaluza del Conocimiento y Andalucía Emprende) en uno: la Agencia TRADE , que se creará por decreto la próxima semana. Asimismo está en marcha la integración de las empresas públicas empresariales sanitarias (EPES, y hospitales de la Costa del Sol, Alto y Bajo Guadalquivir y Poniente de Almería) en el Servicio Andaluz de Salud . Asimismo, se unificarán las fundaciones Barenboim, Tres Culturas y Legado Andalusí. En otros casos, a los entes viables se les aplicará un plan de mejora. Habrá organismos que se integren en consejerías, se fusionen o directamente se extingan, aunque siempre bajo una premisa, explicó Marín, la de que esto «no le puede costar más dinero a los andaluces».