Las auditorías de las agencias de salud de la Junta de Andalucía desvelan un exceso de contratación temporal

También han puesto de manifiesto que sus compras y contrataciones se ajustaban al derecho privado y que no se han incorporado a las normas de derecho público hasta que no han estado obligadas por la legislación vigente . De la misma forma, estas empresas aplicaban las normas sobre la contabilidad financiera conforme al Plan General de Contabilidad . Desde el 1 de enero de este año, y también por prescripción legislativa, están dentro de sistema de contabilidad presupuestaria de la Junta de Andalucía.

La intención del Gobierno andaluz ha pasado, desde el principio, por eliminar todas agencias públicas instrumentales que están repartidas por todos los departamentos de la administración. Ha sido, además, una de las principales banderas de Ciudadanos y uno de los puntos del acuerdo de investidura suscrito entre el PP y Vox. Ahora, el Consejo de Gobierno ha iniciado los trámites pertinentes para ello.

A primeros de 2022 estos entes autónomos se disolverán definitivamente y se integrarán en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) que asumirá la totalidad de los fines y objetivos de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol , de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria del Bajo Guadalquivir , de la Agencia Pública Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir , de la Agencia Pública Sanitaria Hospital de Poniente de Almería , así como de la E mpresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES, que es la responsable de la gestión en Salud Responde y del serivicio 061).

La integración de estas agencias en el SAS afecta a más de 18.000 trabajadores que prestan servicio en las mismas. La estructura de cada agencia, en principio, se va a mantener puesto que es muy similar a la que tienen el resto de hospitales públicos andaluces. Eso sí. Cuando se apruebe definitivamente el decreto de disolución de cada una de ellas, se establecerán las medidas aplicables al personal de estas agencias públicas y se decidirá si se integran como trabajadores del SAS, lo que, en su caso, se llevará a cabo «de acuerdo con los procedimientos establecidos en la legislación», según detallan fuentes oficiales del SAS.

Hasta entonces, estos profesionales mantendrán los mismos derechos y obligaciones que eran aplicables hasta su disolución.

La situación de estos trabajadores es muy diferente, hay personal laboral fijo, personal interino, laborales...Lo que sí está decidido es que las próximas oposiciones previstas para cubrir puestos en estas agencias públicas empresariales sanitarias y en el SAS serán las mismas, con lo que se iguala el acceso a la función pública sanitaria en Andalucía en estos casos.

Uno de los objetivos es, precisamente, unificar los criterios de contratación del personal tal y como sucede en el SAS. Estas exigencias legales, según esperan en el propio Servicio Andaluz de Salud, serán un acicate para atraer a los profesionales a estos servicios sanitarios.

El análisis de estas agencias públicas instrumentales de la Junta que han realizado en el último año las auditorías de consultoras privadas pone de manifiesto que han tenido una «eficiente trayectoria» , si bien «la evolución de la legislación aplicable a esta tipología de instituciones ha ido recortándoles sus ventajas organizativas , especialmente desde la promulgación de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía».

El plan de reestructuración del SAS prevé unificar todos los recursos sanitarios asistenciales públicos a partir del próximo año 2022, por lo que se están acelerando los plazos.

El proceso de disolución de las agencias sanitarias, regulado por el artículo 60 de la ley de Administración de la Junta de Andalucía establece que, en el plazo máximo de tres meses desde la publicación del decreto de disolución, la gerencia de cada una de ellas formulará un plan de liquidación y extinción que presentará al SAS. Desde ahí, y en dos meses máximo, el Consejo de Gobierno aprobará su disolución definitiva.