Una auditoría destapa también «listas de espera» en las ambulancias del Servicio Andaluz de Salud

Es el preocupante diagnóstico que ofrece un informe de fiscalización operativa que analiza la gestión de este transporte en el Sistema Sanitario Público de Andalucía que la Cámara de Cuentas durante el ejercicio de 2017.

La auditoría, publicada ayer, muestra «deficiencias» en la planificación de los recursos y falta de control de los contratos de las empresas concesionarias de este servicio público. Los tiempos máximos y minímos para la recogida de pacientes, la ruta o la llegada a tratamientos (como hemodiálisis o fisioterapia) y consultas están muy tasados en los pliegos que regulan los concursos. «De las pruebas realizadas se concluye que los requisitos de tiempo se incumplen en un 40% de los traslados para las altas y en un 56% de los desplazamientos para tratamientos y consultas programadas», señala el equipo fiscalizador, que finalizó su trabajo de campo en septiembre de 2018. La tardanza es lo que más preocupa a los pacientes. El 68% de las reclamaciones tienen su origen en las demoras del servicio.

Sin embargo, la tardanza y otros incumplimientos salen gratis a las empresas concesionarias del Servicio Andaluz de Salud (SAS). «Se ha comprobado que, en ningún caso, la actividad desarrollada por las empresas adjudicatarias ha sido objeto de penalización por el incumplimiento de los límites de tiempo incluidos en las cláusulas contractuales», aclara.

Para la Cámara de Cuentas resulta revelador que la comunidad autónoma no disponga de un marco normativo actualizado que regule la prestación de los servicios de transporte sanitario. La mayoría de los contratos se realizan bajo la modalidad de concierto y duran diez años. Pero en 2017 había servicios que excedían el plazo estipulado . El contrato del transporte realizado por el Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar data de 2003, el del Hospital Reina Sofía y Hospital Riotinto, de 2007.

Cada hospital funciona como un reino de taifas . «No se dispone de normas internas comunes para todo el sistema público de salud en las que se especifiquen los profesionales autorizados, requisitos que deben cumplir los usuarios o el tipo de transporte según necesidad del paciente», expone.

La Cámara no ha podido analizar si las unidades móviles disponibles se ajustan a las necesidades de cada centro porque no existían informes de evolución de la demanda. No obstante, el trabajo de campo ha puesto al descubierto «situaciones de saturación».

La falta de vehículos para atender la demanda del hospital Punta Europa , en el Campo de Gibraltar, por ejemplo, generó anulaciones. En el Hospital Regional de Málaga , la empresa también limita los traslados de tarde a las poblaciones más cercanas a la capital. Esta restricción generó «listas de espera para el inicio de tratamientos de rehabilitación de pacientes no demorables». Había 145 enfermos pendientes en mayo de 2018.

Los usuarios de las zonas rurales «son los que deben soportar recorridos más largos que suponen mayores esperas y rutas con más paradas». «Se produce, por tanto, una vulneración del principio de equidad en el acceso a la atención sanitaria y, en este caso, por razones de organización y limitaciones impuestas por la empresa de transporte» concesionaria, afirma.

Andalucía tiene de media un total de 1,87 ambulancias de Soporte Vital Avanzado (que requieren un técnico de emergencias sanitarias, un enfermero y un médico) y 4,23 ambulancias convencionales por cada 100.000 habitantes . Los costes medios de los traslados entre los distintos centros sanitarios oscilan entre los 15,71 euros del Hospital Regional de Málaga y los 73,87 del Hospital Alto Guadalquivir. En 2017, mantener la red de transporte sanitario costó 208,56 millones de euros.

La Cámara también constata que los recursos especializados para atender las emergencias —de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) y equipos móviles del SAS— no son suficientes y se resuelven con otros medios no específicos para esas demandas asistenciales. Un dispositivo móvil (vehículo con un equipo de facultativo, enfermero y técnico de transporte sanitario) disponible 24 horas los 365 días del año cuesta 1.127.782 euros en el caso de EPES y 850.060 euros para el equipo móvil del SAS.

Desde la actual Consejería de Salud y Familias aseguran que se trata de una situación heredada y destacan que tiene prevista una inversión de 1,1 millones de euros en los presupuestos de 2019 para renovar 14 ambulancias de soporte vital avanzado.