La Audiencia de Sevilla reitera que los responsables políticos de los ERE deben ser juzgados una única vez

En este caso, la Audiencia ha dado la razón a Cañete en el recurso que su abogado, Juan Carlos Alférez , presentó por una ayuda de 30.000 euros concedida en 2008 por la Junta de Andalucía a la Universidad de Sevilla .

El 4 de mayo, el mismo tribunal ya se pronunció a favor de Cañete por otra ayuda de 880.000 euros a Bética Industrial , y ahora reitera que fue procesado en la pieza política de los ERE, también denominada del procedimiento específico, por firmar 124 convenios para conceder ayudas.

Ante la duplicidad de procesos, «la solución jurídica que entendemos más adecuada debe ser la de dejar sin efecto la dirección del procedimiento contra el señor Cañete en esta causa», indica la Audiencia antes de explicar que la ayuda a la Universidad está comprendida en la acusación que se le hizo en la pieza política de los ERE.

Esta decisión de la Audiencia podría ser una vía para que los ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados en la pieza política de los ERE sean enjuiciados solo una vez y no en distintas piezas separadas.

Hasta ahora, la Audiencia se ha pronunciado en dos de los ocho recursos presentados por Cañete, y se espera la decisión que adopte respecto al exconsejero de Trabajo Antonio Fernández , que ha recurrido en el mismo sentido que el ex director general de Idea.

En la pieza política de los ERE hay 22 acusados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán , y en la situación de Cañete están, entre otros, los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera o el ex director general de Trabajo Javier Guerrero .

En el segundo auto de Cañete, la Audiencia ratifica que, «tajantemente, debemos decir que no puede jugar en contra del recurrente que no se haya especificado, por quienes debieron hacerlo, cuáles eran esos 124 convenios cuando la realidad procesal es que la causa del 'procedimiento específico' se dirigió contra él por todos los convenios que firmó».

Los magistrados consideran que la solución no puede ser el sobreseimiento porque no encaja en ninguno de los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .