La Audiencia de Sevilla corrige a la juez Núñez: los intrusos en el caso ERE no son «víctimas»

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, que resuelve los recursos del caso ERE, niega la mayor. Explica que, al menos, los intrusos pudieron cometer un delito de estafa a la Junta de Andalucía al no estar justificada su inclusión en la plantilla de la empresa subvencionada. Por todo ello, pide que se prosiga con la investigación contra José Antonio Cuevas Álvarez y Claudio Andrés Sendino.

El primero fue beneficiario de una ayuda de 221.573 euros (1.400 euros mensuales) que compatibilizó durante dos años con el subsidio por desempleo, a pesar de que « en realidad no desempeñaba ninguna función en el hotel, aunque acudía todos los días », como él mismo admitió cuando declaró en la Guardia Civil. «Para mayor confusión, en el listado anexo a la solicitud de ERE aparecía como jefe de ventas, con fecha de ingreso en la empresa de nada menos que de 21 de marzo de 1983», expone la Audiencia en uno de sus autos del 6 de marzo pasado.

En lo que respecta al segundo «intruso», existen «severos indicios de que jamás prestó trabajo alguno en dicho establecimiento ». El tribunal considera chocante que la finalidad del ERE fuese rejuvenecer la plantilla y se fichara a Sendino, que nació en 1950, nueve días antes de presentar el expediente. Además, «aun en el caso hipotético de que llegara a entenderse que este recurrente no tuvo conocimiento de la ilegal obtención de la ayuda económica pública —como sostiene la juez Núñez—», no estaba justificada su inclusión en la plantilla y «pudo, al menos, cometer un delito de estafa».

Al margen de la «reflexión final» que realiza la juez sobre las «víctimas» de la macrocausa, que se centra en «la supuesta ausencia de intrusos», el tribunal explica que la magistrada «olvida» lo más relevante respecto a la investigación centrada en el ERE del Hotel Cervantes, que fue « la ilegal tramitación y concesión de ayudas públicas para el abono a los trabajadores del dinero apalabrado en un expediente de regulación de empleo que es un acuerdo de naturaleza privada para negociar un despido colectivo».

En el año 2006, la Dirección General de Trabajo de la Junta, que ocupaba Francisco Javier Guerrero, concedió 8,76 millones de euros para rentas de prejubilación de 54 trabajadores en el ERE promovido por Europa Center , la propietaria del hotel vinculado al grupo Rumasa. Por la tramitación de este expediente, la mediadora Vitalia Vida cobró una comisión de 1,42 millones con cargo a fondos públicos.

En la pieza desgajada de la macrocausa de los ERE irregulares que afecta al hotel Cervantes de Torremolinos, la Audiencia avala el archivo de dos sindicalistas de Comisiones Obreras, pero revoca el sobreseimiento decretado por Núñez respecto a los citados intrusos y a tres excargos del hotel : el exdirector Miguel Rodríguez Ortega, el administrador Carlos Miranda y el director financiero Antonio Isla Barba, quien habría recomendado a uno de los intrusos para entrar en el ERE, según admitió el propio beneficiario.

La Audiencia sostiene que fue necesaria su colaboración para que « los tan citados trabajadores intrusos cobraran espuriamente dinero público sin estar justificada su inclusión en la plantilla de la empresa subvencionada». La pieza separada que afecta a 22 ex altos cargos autonómicos, entre ellosManuel Chaves y José Antonio Griñán, es la única que se está juzgando.