La Audiencia critica las contradicciones de la Junta en el caso ERE y libra a los políticos de decenas de juicios

Como antes había hecho el Tribunal Constitucional, la citada sala inadmite el incidente de nulidad que habían planteado los letrados que ejercían la acusación por parte de la Junta para poder perseguir penalmente a los procesados por cada una de las 270 ayudas individuales en las que intervinieron, tras la división del caso ERE. La Audiencia sostiene que si la pieza política del caso incluye todas las supuestas malversaciones, estas no pueden enjuiciarse además por separado por cada ayuda que se concedió.

Los abogados de la Administración alegaron una supuesta vulneración de los derechos que el artículo 24 de la Constitución le otorga y por supuesta infracción de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el principio «non bis in idem», que impide juzgar y castigar dos veces por un mismo delito.

Es la primera vez que la Sección Séptima —que resuelve los recursos del caso ERE— se pronuncia después de que el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia determinara que el juicio se centra en el sistema de las ayudas , la delimitación que hizo el juez Álvaro Martín al cerrar la instrucción de esta causa, y no en las 270 ayudas.

El auto, al que ha tenido acceso ABC, carga duramente contra la actuación procesal de la Administración autonómica, que llega a calificar de «contradictoria» al querer acusar al exconsejero de Empleo Antonio Fernández por las ayudas a la empresa Calderinox «pese a solicitar en el llamado procedimiento específico el sobreseimiento de todos los acusados, entre ellos el mismo Sr. Fernández».

Para el tribunal, «no existe modificación (de reinterpretación habla el escrito de la Junta) del objeto del proceso de aquella otra causa —pieza política—, como se explica tanto en el auto cuya nulidad se pretende como en los autos a que se remite». « Sólo un mal entendimiento del derecho procesal penal , cuando no una autojustificadora interpretación de los propios comportamientos procesales, puede llevar a hacer tal afirmación», replica el tribunal.

En octubre pasado, la Junta pidió el archivo de la pieza política en la que están procesados los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán , así como otros ex altos cargos argumentando que no había «trama criminal» ni «prueba de cargo alguna que permita afirmar que se ha implantado un procedimiento específico para la concesión de determinadas ayudas y/o subvenciones y con una finalidad ilegítima».

La Sección Séptima viene a decir que la Junta es víctima de sus propias decisiones contradictorias durante el proceso tras defender a los acusados. Así, recuerda a la Junta que «en esas nuestras precedentes resoluciones recalcábamos su actuación procesalmente contradictoria al apoyar que se dirija el procedimiento contra el apelante en pieza separada pese a solicitar en el llamado procedimiento específico el sobreseimiento respecto de todos los acusados, entre ellos el mismo Fernández».

El tribunal explica que «el objeto de un proceso lo constituyen los hechos, y en el que se ha dado en llamar causa del 'procedimiento específico' -en la que se juzga a 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz-, tanto el juez de instrucción como las partes acusadoras han terminado por fijar tal objeto de la forma descrita en nuestra resolución, de suerte que comprende respecto de ciertos imputados (uno de ellos el propio ex consejero Antonio Fernández) los mismos hechos que pretenden enjuiciarse por duplicado en piezas separadas como la presente». « Hasta la saciedad hemos hablado en nuestras sucesivas resoluciones de 'identidad de hechos'», añade la Sección Séptima.

Este criterio ha llevado a la actual juez instructora del caso, María Núñez Bolaños, a apartar de distintas causas a los ex cargos autonómicos procesados, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que llegó a alertar de que esta situación genera «un espacio de intolerable impunidad ».